En el análisis del mismo observa, especialmente, que lo reglamentado en orden al rol del abogado defensor desnaturaliza una defensa técnica jurídica que garantice el derecho de defensa en juicio, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos que son ley en nuestro país.
Además restringe las facultades del Órgano de Revisión de Salud Mental, cuando éste fue creado por la ley de salud mental para proteger al paciente a fin de garantizar los derechos de los usuarios del servicio de salud mental.
Sumado a ello, del proyecto reglamentario no emerge claramente que los “dispositivos alternativos” que menciona refieran a hospitales generales como claramente lo señala la ley de salud mental.
Las circunstancias apuntadas encubren implícitamente una modificación en la ley 26.657, evidenciándose una clara violación a los principios de legalidad, igualdad ante la ley, respeto a la dignidad humana al derecho al debido proceso legal y defensa en juicio.
Por lo expuesto, este Ministerio apela a que, en el caso de modificarse o ampliarse la reglamentación vigente de la ley 26.657 (Decreto 603/13), se respete el principio de progresividad de los Derechos Humanos, en un todo de conformidad con las pautas establecidas en la normativa nacional e internacional de derechos humanos.
Por otra parte hace saber que el ORSM local envió el 15 de noviembre una carta al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestando su rechazo al proyecto antes descripto, por cuanto contradice los parámetros de la ley 26.657 y entra en clara contradicción con la Constitución Nacional, los tratados sobre derechos humanos y convenciones internacionales que rigen esta temática.
En la misiva señala que proyectos como el que se cuestiona significan menoscabar las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos.
