Prorrogan la Ley de Emergencia Agropecuaria hasta el 31 de marzo del 2018

En la sesión de este miércoles, la Legislatura aprobó la iniciativa de los diputados Roy Nikisch y Hugo Sager, Ley 2722-I, que prorroga la vigencia de la ley 2586-I (Antes Ley 7981) que prorrogaba, a su vez, la Ley de Emergencia Agropecuaria, a partir del vencimiento de ésta y hasta el 31 de marzo de 2018.

La Legislatura volvió a sancionar la prórroga de la Emergencia Agropecuaria.

Asimismo, se declaran revalidados los Certificados de Emergencia que hubieren sido extendidos por el Ministerio de Producción en el marco de la Ley 5540, sus modificatorias y prórrogas.

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El diputado Hugo Sager fundamentó la iniciativa en el Recinto, recordando que “la Ley 2586-I establecía un vencimiento al 30 de noviembre del corriente año de la emergencia agropecuaria, establecida en la Ley 5540” en ese sentido, señaló que “originalmente esta ley fue aprobada como 5540 y en su artículo 6º establecía un plazo de vigencia, a partir de ella se sucedieron prórrogas hasta la Ley 7981 que fue la última”.

El legislador apuntó que, en la aprobación de las sucesivas prórrogas, “hicimos el compromiso de avanzar con la documentación, de alcanzar la información necesaria para establecer cuáles son los productores que todavía quedan en las condiciones originales en las que se votó. Y en la ultima reunión de la Comisión de Emergencia la solicitud de prórroga fue planteada por el Ministerio de la Producción, y fue recepcionada por quien les habla y por el diputado Nikisch, con la salvedad que pretendemos que en este lapso se transparente la lista con nombres y apellidos de los que deben estar comprendidos”.

“Esta Legislatura – apuntó – ha dado muestras de ser sensibles a la situación de los pequeños y medianos productores, esta transparencia en cuanto a quienes pueden estar considerados es un compromiso que se asumió por parte de las autoridades y quienes representan a estas entidades”.

Extienden plazo para adherir al Régimen de Refinanciación para deudores agropecuarios
La Ley 2720-F autoría de los diputados Beatriz Bogado y Hugo Sager, modifica el artículo 5º, inciso a) de la ley 2688-F –Condonación y Refinanciación de deudas a Productores Agropecuarios-, extendiendo el plazo para la adhesión al Régimen de Refinanciación que establece la norma por parte de los beneficiarios, hasta el 30 de junio del 2018.

La diputada Beatriz Bogado, explicó que “este proyecto de ley surge a partir del Expediente 306/17 remitido por el Poder Ejecutivo, que plantea la necesidad de ampliar los plazos de adhesión a esta ley, la ley original 2688-F planteaba como plazo – para adherirse a esta condonación – 30 días a partir de la promulgación que fue el 26 de septiembre”.

“Desde entonces hasta ahora han venido los productores adhiriéndose, pero queda un número importante que no han concluido su adhesión, porque requiere tramites administrativos que llevan su tiempo” señaló. “En ese sentido, y atento al receso administrativo que se acerca, es que este expediente plantea la postergación hasta el 30 de junio del año 2018”, explicó.

Establecen por Ley la Preservación, Protección y Tutela de los Cementerios Rurales
La Ley 2723-P del diputado Rubén Guillón, establece “la preservación, protección y tutela de los cementerios rurales localizados en propiedades privadas, declarándose a los mismos sitios protegidos en todas las colonias y parajes de la jurisdicción de la provincia”. Los mismos deberán ser de acceso libre para todos los interesados, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.

Fue creado el programa de Educación para el Consumo en el Chaco
En la sesión ordinaria, además, se sancionó la normativa 2726-E, el que contó con 22 votos afirmativos, iniciativa que fuera impulsada por la diputada Viviana Damilano Grivarello por la que se creó en el Chaco el programa de Educación para el Consumo, destinados a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y docentes del Sistema Educativo de la Provincia.

La nueva legislación provincial, tendrá como objetivos generales, para este Programa: colaborar en la introducción de la temática del consumo en las escuelas y la capacitación a los docentes; contribuir a mejorar las condiciones en que se producen las relaciones entre proveedores y consumidores en el mercado y a promover una ciudadanía activa, conocedora y respetuosa de sus derechos y comprometida con un consumo socialmente sustentable.

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