“La destitución del juez Juárez nada tiene que ver con la investigación de tierras fiscales”

Seis consejeros del Consejo de la Magistratura apoyaron este martes la destitución del juez Pedro Juárez, por irregularidades en 66 expedientes tramitados en el Juzgado Civil N°1 de Sáenz Peña. En CIUDAD TELEVISIÓN, Ricardo Sánchez, aseguró que “no se trató de una cuestión de criterios o de interpretación del juez. No es lo mismo equivocarse en una causa que en 66. (...) Todas las causas eran de una firma que se llama Crédito Azteca, eso fue determinante para decir que no era un caso aislado”.

El diputado Ricardo Sánchez, miembro del Consejo de la Magistratura, visitó los estudios de CIUDAD TELEVISIÓN tras la decisión, por amplia mayoría de sus miembros, de convalidar la destitución del juez sáenzpeñense Pedro Juárez, acusado por irregularidades en 66 expedientes judiciales vinculados a una sola firma; decisión que aún puede quedar firme o no.

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Explicó que el proceso de jury no se vinculó a las irregularidades en operaciones con tierras y campos, causas en las que también se investiga el vínculo que podría tener el magistrado. Señaló que esa causa, la de tierras, “está a cargo de la Dra. Liliana Luppi como fiscal, quien debe investigar una serie de maniobras con terrenos, con campos, donde hay abogados que hoy tienen arrestos domiciliarios y tuvieron también arresto en la penitenciaría de Sáenz Peña. Pero esa es otra investigación y en esa hay un nuevo pedido de jury contra el Dr. Juárez por algún vínculo que podría tener con toda esta maniobra”.

Manifestó que ese nuevo pedido de jury podría “tener trámite o no de acuerdo a cómo evoluciona esta otra destitución (la de la Magistratura como Jurado de Enjuiciamiento). Si esta destitución que ya votamos sobre esos 66 expedientes es consentida por el Dr. Juárez, si no pide una revisión constitucional de esa sentencia, no tendría sentido iniciar un nuevo jury porque no condena a nadie. Simplemente o lo saca del cargo o lo confirma. Si es destituido pasa a ser un ciudadano común que puede ser citado por la Justicia o no y tendrá a su consideración todas las pruebas que le puedan asistir para probar su inocencia si la tuviere”. “Pero la destitución nada tiene que ver con la investigación de tierras fiscales sino con 66 expedientes donde de manera irregular, en mi consideración, el juez asumió competencia cuando la propia ley se lo impedía”, reiteró Sánchez.

De manera puntual, sobre las causas que convalidaron el proceso de jury, explicó que “él (juez) tenía que desprenderse de todos esos expedientes, no lo hizo. Los argumentos que expuso no fueron convincentes, todo lo contrario. En su propia declaración hubo párrafos en los que todos coincidimos que en lugar de favorecer su situación la empeoró y eso fue suficiente como para tener una mayoría tan abultada; de siete consejeros, seis dijimos “este juez debe ser destituido”.

Entre las causas, mencionó demandados de Corrientes, Misiones, Formosa, localidades de Chaco. “Caían en ese lugar en principio porque recusaban al otro juez. En Sáenz Peña tenemos dos Juzgados Civiles y si uno recusa a un juez necesariamente cae en el otro. Por esa vía iban garantizando qué juez iba a intervenir y a partir de ahí, cuando el juez asume esa competencia que no le correspondía, se calificó el mal desempeño que nosotros analizamos en la sentencia y que nos llevó a considerar que no se trataba de una cuestión de criterios o que el juez podría haber interpretado. Era tan claro que no podía intervenir, que el solo hecho de hacerlo, ya lo ponía en una situación de irregularidad y la persistencia de esa irregularidad, 66 causas, hicieron imposible tener una mirada contemplativa. No eran uno, dos, expedientes. No es lo mismo equivocarse en una causa que en 66, y más cuando hay un mismo estudio jurídico que está tramitando todo”, dijo el diputado y consejero de la Magistratura. Y añadió: “Todas las causas eran de una firma que se llama Crédito Azteca. Y eso fue determinante para decir que no era un caso aislado. Y los mismos que ejecutaban por Crédito Azteca son los que ahora están imputados dentro de la causa de las estafas (por terrenos). Era un mismo grupo de profesionales”.

En esa línea, reconoció sus críticas también hacia la fiscal Luppi en el sentido de que “si había alguien que determinaba qué terreno tenía propietarios que ya no estaban en Sáenz Peña o cosas por el estilo, necesariamente tenés que mirar a la Dirección de Tierras de la Municipalidad. Entonces, no es una cuestión política sino jurídica. Puede ser que el intendente no sepa, lo que no puede ser es que la fiscal investigue todo lo otro y no investigue eso que era parte esencial de esa operatoria”.

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