La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco presentó este miércoles un escrito ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 5 de Resistencia solicitando constituirse como querellante particular en la causa penal abierta por las agresiones que un grupo de personas identificadas con sectores evangélicos propinaron a militantes feministas que habían participado del Encuentro Nacional de Mujeres celebrado entre el 14 y el 16 de octubre en la capital chaqueña.
Los hechos que se investigan tuvieron lugar el mismo lunes 16 de octubre, alrededor de las 14, pocas horas después del cierre del evento. Fue en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo cuando los contingentes de mujeres que habían arribado desde distintos puntos del país comenzaban a desconcentrarse para retornar a sus lugares de origen. En ese momento, distintos “grupos autoconvocados” marcharon alrededor de la Plaza 25 de Mayo y comenzaron a agredir a las mujeres que aún se encontraban allí, incluso a los artesanos que llegaron desde la provincia de Jujuy para vender sus artesanías durante el evento.
Los grupos de mujeres fueron perseguidas por la Plaza y por las calles aledañas y la mayoría de ellas pudieron refugiarse en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos ubicada en calle Mitre 183. Allí, fueron asistidas tanto legal, médica como psicológicamente por personal del organismo, integrantes de la Comisión Organizadora del ENM y con la colaboración de militantes distintas organizaciones sociales y políticas del Chaco.
“Delitos de odio”
La presentación, lleva la firma del secretario Juan Carlos Goya y del abogado Kevin Nielsen, apunta “contra quien y/o quienes resultaren haber actuado como autores, cómplices, instigadores, o encubridores del hecho penal en vía de investigación, naturalmente sujeta a las resultas de la investigación que se instruya en esta causa”. La medida es impulsada tras la firma del decreto N° 2426/17 por parte del gobernador Domingo Peppo facultando al organismo para constituirse como querellante.
En ese contexto, el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco señala que “las circunstancias en la que sucedieron los hechos pone de manifiesto de que se trataron de delitos de odio orientados a violentar los derechos de las mujeres que se encontraban descansando y llevando adelante un momento de esparcimiento, por la sola condición de haber participado en el 32° ENM”. Y agrega que “lo anterior resulta de la focalización de las agresiones exclusivamente hacia las mujeres que tuvieran algún distintivo del encuentro, reforzado por el contenido de las expresiones verbales que trasuntaban un contenido de tipo discriminatorio hacia las reivindicaciones de género”.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco consideró que la investigación penal se encuadre bajo la calificación legal de los delitos de “lesiones leves”, “amenazas” e “intimidación pública”, las primeras de ellas agravadas por el contexto de violencia de género, más las que determine la representante del Ministerio Público Fiscal durante el transcurso de la investigación.
El organismo solicitó, además, que se cite como testigo a la subsecretaria de Memoria, Verdad y Justicia de la Provincia del Chaco, Silvia Robles, quien fuera “testigo presencial de los hechos” y a una periodista que se encontraba en las inmediaciones y que también es una de las codenunciantes en la causa principal.
