Femicidio de Mariela: Derechos Humanos, al STJ para constituirse como querellante

La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco interpuso este martes un recurso de casación para que la Sala Penal del máximo tribunal analice su solicitud de constituirse como querellante en la causa que investiga el femicidio de Mariela Fernández. El pedido ya fue rechazado en primera y segunda instancia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco buscarán comprobar si, en los hechos, el Poder Judicial se encuentra comprometido en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Es que hasta ahora fue infructuosa su solicitud para constituirse como querellante particular en la causa que investiga el femicidio de la joven Mariela Fernández por el cual se encuentra detenido su ex pareja Facundo López. Tanto la fiscal Rita Wenner, como la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli y también la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le denegaron al organismo, con variados fundamentos, la posibilidad de aportar al esclarecimiento del horroroso crimen ocurrido el 27 de junio pasado en el Barrio 29 de agosto de Resistencia.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA.COM, el recurso de casación interpuesto por la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, que conduce Juan Carlos Goya, señala que lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 30 de octubre pasado “importa una violación de derechos expresamente reconocidos por nuestro sistema de enjuiciamiento, la Constitución de la Provincia del Chaco y la Constitución Nacional” y que, en ese sentido, “median agravios suficientes que dan lugar al alzamiento”.

Asimismo, el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos elaborado por el abogado Paulo Pereyra sostiene que de confirmarse la denegatoria al planteo del organismo, “se convalidarían violaciones a la defensa en juicio y las reglas del debido proceso legal ya que se está poniendo en riesgo también la responsabilidad internacional del Estado chaqueño contra legem (acceso a la tutela judicial efectiva y la sujeción a la debida diligencia estatal requerida para el crimen de Femicidio), debiendo soportar arbitrariedades cuyo único objetivo es lograr un apartamiento ilegítimo en esta causa”.

Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que integran los camaristas Gustavo Serrano, Héctor Felipe Geijo y Mercedes Riera, deberá definir la admisibilidad del recurso; de lo contrario, es decir, en caso de rechazarse el recurso de casación, la Secretaría tendrá la opción de recurrir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia.

Lo que resolvió la Cámara de Apelaciones

El 30 de octubre pasado, la Cámara había rechazado el recurso de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco citando un artículo del Código Procesal Penal que establece que la decisión del Juzgado de Garantías que denegó la constitución como querellante particular al organismo “no es apelable”. Asimismo, los camaristas consignaron que en la causa ya actúa como querellante particular en representación de la familia de la víctima un defensor oficial y que aceptar a un nuevo querellante particular “pondría en riesgo los derechos defensivos del imputado al colocarlo en una situación de amplia desventaja”.

Primera vez en un caso de femicidio

La iniciativa de que la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco se constituya como querellante particular en la causa surgió a partir de reuniones mantenidas por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y los familiares de Mariela Fernández, acompañados por el colectivo Ni Una Menos Resistencia. De esta manera se buscaba, por primera vez, la intervención estatal en la investigación de una causa tan sensible a la ciudadanía para garantizar una correcta sanción contra todos los autores, cómplices, instigadores o encubridores del femicidio.

La idea contó, luego, con el aval de un decreto firmado por el gobernador Domingo Peppo, al igual que para el caso de la desaparición de la joven villagelense Maira Benítez, en la que tampoco el Poder Judicial hizo lugar a la participación de la Secretaría de Estado dependiente del Poder Ejecutivo.

A partir del caso del artesano Juan Ángel Greco, cuya familia rechazó la investigación que realizó la justicia chaqueña, el Estado provincial tiene la obligación internacional de intervenir en este tipo de causas para garantizar el proceso y la investigación judicial. De igual manera a partir del caso LNP, que llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado provincial debe garantizar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia, y la no repetición de este tipo de hechos.

Compartir