Aprobación del Pacto Fiscal obliga a gobernadores, pero no a las Legislaturas

El “Consenso Fiscal” que Mauricio Macri selló con los mandatarios provinciales, el pasado jueves, pone a prueba las Legislaturas. Los gobernadores tienen 30 días para enviar el proyecto de aprobación en el recinto, pero no establece plazos al Poder Legislativo. En el Chaco, el panorama se complica por el cercano receso y la postergada sanción del Presupuesto 2018.

Cámara de Diputados del Chaco.

Mientras en la Cámara de Diputados del Chaco ya trascendió la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias – algo que también ocurriría en el Congreso Nacional y en muchas otras provincias para aprobar las reformas lanzadas por el Gobierno nacional – el reciente pacto sostiene que Nación, las provincias y CABA tienen 30 días para elevar a “sus Poderes Legislativos proyectos para aprobar este Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los Ejecutivos para dictar normas a tal fin”.

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“El Consenso producirá efectos sólo respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus Legislaturas y a partir de esa fecha”, advierte el documento según lo publica ambito.com, este lunes.

Es que con la firma del amplio pacto de Consenso Fiscal del pasado jueves, arrancó la cuenta regresiva de 30 días para que los gobernadores envíen el proyecto de adhesión a las Legislaturas, donde el entendimiento enfrentará el desafío de ser validado en el recinto – tras una sanción previa en el Congreso – para entrar en vigencia.

Aclarándose que, frente a este escenario, “ése es un plazo para los Poderes Ejecutivos, no para los Legislativos”; ya que “no establece, ni podría establecer, plazos para que las Legislaturas provinciales lo aprueben”.

En el Chaco
En nuestra Legislatura, mientras tanto, el oficialismo busca la aprobación del Presupuesto 2018 y la toma de un nuevo crédito para enfrentar el déficit de este año; algo que ya tuvo rechazo, sobre todo en la segunda cuestión, por parte del bloque de Cambiemos.
Bloque que, en la palabra de su presidente, justificó el endeudamiento de la Nación, pero no el del gobierno de Domingo Peppo.

La principal observación radica en que el megaacuerdo fiscal promueve metas concretas de reducción del gasto público, de baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos y de la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal para provincias y municipios; que, de por sí, augura grandes discusiones y hasta la necesidad, seguramente, de aprobar otras leyes complementarias.

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VIAambito.com/Propia
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