El Índice de Precios al Consumidor Nacional registró en el mes de las elecciones de medio término un incremento de 1,5%, cuatro décimas menos que el pico que acusó el mes previo.
La menor tasa se anotó en el área del Gran Buenos Aires, con 1,3%, y la más alta se observó en el Noroeste con 1,9%, seguido de 1,7% en el Noreste y Pampeana.
Mientras que por rubro de consumo, la suba más marcada se anotó en Comunicaciones 5,3%; y en Bebidas alcohólicas y tabaco 3%; mientras que Alimentos se movió en el rango del promedio general de 1,5%; y Prendas de vestir y calzado, pese a la recesión que se verifica en el rubro, se elevó 2,1 por ciento.
Los menores aumentos, al no registrarse ajustes generalizados de tarifas, se localizaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0,9%; Educación 0,8% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,7 por ciento.
Tanto el consenso de las consultoras que informan a los legisladores de la oposición al Gobierno que mantienen la difusión de la bautizada Inflación Congreso, como la estimación del Instituto de Estadística del Gobierno de la Ciudad, y también el Instituto Estadístico de los Trabajadores, coincidieron en medir una suba promedio de los precios al consumidor de 1,5 por ciento.
La virtual ausencia de alzas estacionales, junto a la postergación de aumentos en el caso de los precios administrados o regulados, como los de los servicios públicos y privados, y algunos bienes, facilitó la convergencia de las estimaciones del mercado y la oficial.
El Banco Central está empeñado en afectar las expectativas de alza de los precios con la suba de las tasas de interés de referencia de mercado, de modo de asegurar el ancla cambiaria y desalentar el consumo de bienes prescindibles.
Sin embargo, la medida recibe críticas permanentes de economistas que fueron parte del Gobierno, como el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y el ex presidente del Banco Nación; y también referentes del sector privado, como Martín Redrado, por la “baja profundidad del sistema financiero”, pero principalmente por la “falta de consistencia con la política gradualista de reducción del déficit fiscal”.
