Se realizaron pericias para constatar fallas en viviendas construidas en Juan José Castelli

A cuatro años de que la Defensoría del Pueblo iniciara acciones legales por el reclamo de los vecinos sobre fallas en las terminaciones de la construcción de casas en el barrio 40 viviendas Anses de Castelli, esta semana se realizó la prueba pericial utilizando elementos de la ingeniería para constatar el estado de las unidades habitacionales que construyó el IPDUV a través de la empresa NOVA S.A.

Se realizaron pericias para constatar fallas en viviendas construidas en Juan José Castelli

Las pruebas tomadas en el 60 por ciento del total de viviendas fueron realizadas por el ingeniero civil Carlos Aguirre en representación de la Cámara Contenciosa y Administrativa de Resistencia y se sumará al expediente 5310/13 que inició la Defensoría del Pueblo en el año 2013 por un reclamo colectivo de los vecinos que se produjo a las pocas semanas de la entrega de las viviendas en cuestión.

En esa oportunidad, los vecinos manifestaron en asamblea que encontraron diversas fallas en la edificación, como problemas en el drenaje del pozo ciego, problemas eléctricos y de niveles en las casas, veredas más cortas que las que aparecían en los planos, fallas en las aberturas, el revoque y pintura que saltaba con facilidad además de filtraciones de agua.

Uno de los asesores legales de la Defensoría del Pueblo acompañó todo el proceso en el que también estuvieron presentes arquitectos y funcionarios del IPDUV, así como el presidente de la empresa constructora, Edgardo Beck. El resultado de la inspección que requirió un minucioso análisis de la estructura, caída de la edificación y otros detalles técnicos específicos, será procesada por la Justicia en la elaboración de un informe que se agregará al expediente.

El defensor del Pueblo explicó que la constatación técnica se realizó para determinar si las viviendas fueron o no construidas conforme a los requerimientos que indicó el IPDUV y en caso de que esto no se cumpliera, continuará el proceso judicial para que se revierta la situación y garantizar que los adjudicatarios tengan acceso a un techo digno.

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