Provincia culpa a la Justicia por la demora en la construcción de viviendas ocupadas

Hace más de un mes están paradas las obras, debido a los procesos judiciales que demoran el desalojo de los usurpadores.

Construcción.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) puso en conocimiento sobre la paralización de la construcción de 48 viviendas en la zona del autódromo de Resistencia, debido a una usurpación y a la demora en la orden de desalojo de las personas, por parte de la Justicia.

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Alertaron que esta situación perjudica la continuidad de las obras, lo que repercute también en prejuicio a la empresa constructora que se vio obligada a prescindir de los servicios de unos 60 obreros; y de las familias que esperan sus viviendas.

Desde el área legal del IPDUV narraron que el 28 de septiembre, un grupo aproximadamente de 50 personas ocuparon las viviendas que están en distintas etapas de construcción, ejerciendo fuerza sobre el vallado perimetral y despojando totalmente a los contratantes de la obra pública. Luego de que el encargado de la custodia de la obra haya realizado la denuncia pertinente, se inició un expediente penal, en donde intervino la Fiscalía N° 2, a cargo de la Dra. Ana Graciela González de Pacce.

El 11 de octubre, la Fiscal intimó a los intrusos a desalojar los inmuebles, pero la Defensora Oficial N° 11 Dra. Lorena Padovan -a cargo de la defensa de los imputados- se opuso formalmente al desalojo. La oposición fue rechazada por el Juez de garantía N° 2, Dr. Héctor Sandoval, por Decreto de fecha 13 de octubre.

Esta oposición fue apelada por el Defensor Oficial N° 12, subrogante legal Dr. Alfredo Rendina; y a su vez, la apelación fue rechazada el 23 de octubre por el Juez de Garantía N° 2. Aun así, el juez Sandoval, no hizo lugar al pedido de mandamiento de desalojo, solicitando aclaraciones previas.

En tanto, la Defensora Oficial N° 11, solicitó que la causa se someta a mediación. Dicha mediación se fijó para el 7 de noviembre, pero ya fue desistida por el IPDUV, quien brega por defender a los postulantes de dichas viviendas que ya fueron evaluados por el organismo. “No se puede ir a mediación sobre una obra pública que fue objeto de un delito, y que tiene a personas inscriptas esperando por sus viviendas”, sostuvo el presidente del Instituto de Vivienda Hugo Acevedo.

A partir de esta decisión del gobierno provincial, el Defensor Oficial Penal N° 12, Rendina, concurrió en queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, radicándose en fecha 30 de octubre, para la intervención del Tribunal integrado en forma colegiada por los doctores Mercedes Riera, Héctor Geijo y Gustavo Serrano. Es decir, que la causa ya tomó segunda instancia y está pendiente de resolución.

De esta manera, desde el IPDUV subrayaron la necesidad de dar rápida respuesta a la situación para poder dar continuidad a las obras. “Hace más de un mes nos encontramos con este conflicto que provoca graves perjuicios para el Gobierno Provincial, los trabajadores de la obra y las familias que esperan tener su vivienda”, expresó Acevedo.

Explicó además que, al tratarse de una obra pública, el Estado ya realizó una inversión y dicha usurpación afecta al erario público invertido. Además, sostuvo que significa un daño para la empresa contratista que tuvo que prescindir de los servicios de unos 60 trabajadores, al no poder dar continuidad a las obras. “Esto también afecta a las familias postulantes, que están esperando que se terminen las obras para hacer realidad el sueño de la casa propia”, manifestó.

“Estamos frente a un delito penal que debe subsanarse lo más pronto posible para disminuir los prejuicios, para que se les devuelva el trabajo a los obreros y para que las familias puedan tener sus viviendas”, concluyó.

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