Anulan sentencias de condenados en Jujuy por delitos de lesa humanidad

Parece, definitivamente, que marchan 'los nuevos tiempos', en los que los represores son reivindicados por una gestión nacional que pretende devolver la “lucha antiterrorista” a los militares. Querellantes recurrirán a la Corte Suprema.

Juicio de delitos de Lesa Humanidad.

No es ni puede ser casualidad que, en la misma provincia donde Milagro Sala es virtual presa política, ahora se anulen sentencias de represores juzgados y condenados. Clara y obviamente, hablamos de Jujuy.

En efecto, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy, que en 2015 condenaba a 12 años de prisión a un oficial retirado del Ejército, en la causa por secuestros y torturas contra 90 víctimas del “Operativo Aire 718”.

La Sala 3 de Casación absolvió “de la totalidad de los hechos por los que resultara condenado” a Horacio Domingo Marengo, quien permanecía detenido en la cárcel Monte Cristo, en Córdoba, tras ser condenado por graves delitos cometidos en Jujuy durante la última dictadura.

Los camaristas decidieron, además, revisar las penas impuestas a diez exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), condenados por participar del operativo de traslado de 90 víctimas en vuelos desde Jujuy a la provincia de Buenos Aires.

Durante el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad, que culminó en julio de 2015, el TOF consideró acreditada la culpabilidad de los condenados por encontrarlos responsables de la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos contra 90 víctimas que fueron trasladados en 1977 en dos vuelos para ser alojados en cárceles bonaerenses.

Tras la notificación de las resoluciones de la Casación, la abogada María José Castillo, de la querella de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que la totalidad de los querellantes acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un recurso extraordinario federal.

“La decisión forma parte de los fallos de esta época, en la que se retrocede en todas las jurisprudencias en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad por los que la Argentina fue un ejemplo”, sostuvo.

Para la abogada defensora de los derechos humanos, las resoluciones que recurrirán representan “un retroceso y un riesgo para la sociedad, porque deja en libertad a personas que son altamente peligrosas”.

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