Absuelven a campesinos qom que cortaron una ruta en reclamo de agua potable y comida

La resolución del Juzgado Correccional de General San Martín cierra un capítulo oscuro de persecución y criminalización de las comunidades indígenas organizadas de la zona de Pampa del Indio que fuera impulsada durante el interinato del vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff y motorizada a través de múltiples causas penales impulsadas por el ex fiscal José Sorabella.

Corte de la ruta provincial Nº 3

El Juzgado Correccional de la ciudad de General San Martín sobreseyó a nueve dirigentes indígenas que habían sido procesados por cortar una ruta en reclamo de agua potable durante el interinato del vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Fue tras la intervención de la abogada Karina Gómez, quién había iniciado la defensa de los imputados como representante de la Oficina Chaco de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la concluyó como abogada particular, en función del cambio de criterio de ese organismo nacional.

La sentencia, que difunde como adelanto CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el 28 de septiembre pasado. Con ella, se cierra un capítulo oscuro de persecución y criminalización de las comunidades indígenas organizadas de la zona de Pampa del Indio que fue impulsada durante el interinato del vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff y motorizada a través de múltiples causas penales impulsadas por el ex fiscal de la ciudad de General San Martín, José Sorabella. Las causas se basaron, en su mayoría, en supuestos cortes de ruta por parte de miembros de las comunidades indígenas, muchos de los cuáles ni siquiera fueron probados en los expedientes.

El caso

El caso en cuestión se remonta al verano del año 2014 cuando un grupo de integrantes de las comunidades indígenas qom de Pampa del Indio bloquearon la ruta provincial Nº 3 en reclamo por la decisión de Bacileff Ivanoff de modificar el esquema de asistencia social que se venía aplicando desde el año 2007 en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007 ante una acción de amparo presentada por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

Las comunidades reclamaban, fundamentalmente, agua potable y comida: estas fueron las razonas por las cuales la jueza Bianchi hizo lugar al planteo de la defensa de la abogada Karina Gómez quién fundamentó que el reclamo se originó en el “estado de necesidad justificante”. En ese contexto, la letrada señaló que los imputados “se vieron obligados a causar un mal menor (cortar pacíficamente una ruta provincial) para evitar un mal mayor inminente (la muerte de los integrantes de la comunidad que no tenían para beber ni comer)”.

“Como los imputados carecen de acceso a medios de comunicación para ventilar sus reclamos, como así también de diálogo directo con los funcionarios públicos provinciales, vieron como única vía para reclamar sus legítimos derechos interrumpir pacíficamente la Ruta Provincial N° 3”, consignó la defensa.

El escrito de Gómez hizo hincapié, además, que “el hecho de que el mismo gobierno los haya abandonado y puesto en una situación tan alarmante- en incumplimiento de una sentencia judicial- arriesgando la subsistencia de los imputados y de sus familias y que luego el mismo Estado persiga penalmente por haber reclamado elementos tan básicos para seguir viviendo, no es propio de un estado de derecho”.

 

 

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