Presunto caso de gatillo fácil: liberaron a un policía y otro quedó detenido acusado de homicidio

En el marco de la investigación por la muerte de un joven de 18 años en un presunto caso de gatillo fácil ocurrido el domingo en Barranqueras, el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, confirmó que uno de los policías continuará con prisión preventiva, acusado de homicidio agravado. En tanto que el otro recuperó su libertad.

Jesús Martínez murió de un disparo policial el 22 de octubre de 2017

En la madrugada del domingo, Ramón de Jesús Martínez, de 18 años murió de un disparo en la cabeza. Ocurrió en Barranqueras, en medio de una persecución policial originada tras la denuncia del robo de una motocicleta: se sospecha que Martínez estaba huyendo con esa moto robada. Aunque el informe policial sostiene que el disparo que mató al joven salió de manera accidental mientras éste forcejeaba con uno de los uniformados, el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, ordenó la detención de dos policías.

Este martes, en declaraciones a RADIO CIUDAD, Turraca confirmó que uno de ellos recuperó la libertad mientras que el otro seguirá detenido. Además, señaló que se decidió imputarlo por homicidio agravado por ser parte de una fuerza de seguridad. “Va a seguir preso hasta que se resuelva su situación procesal”, indicó.

Turraca recordó que la muerte de Martínez se dio luego de una persecución policial “atento a la denuncia del robo de una motocicleta”. “En esa persecución hubo un enfrentamiento para tratar de aprehender a este joven. La circunstancia de cómo se desarrollaron los hechos aún las estamos investigando. Para eso estamos recolectando algunas pruebas que nos puedan dar mayores precisiones”, explicó.

El fiscal reconoció que aún no pudieron dar con algún testigo que haya visto el hecho en sí, ya que sólo cuentan con personas que aparecieron en la escena del crimen luego de consumado el hecho. De todos modos, advirtió que al estar involucrada la policía los testigos que se sumen a la causa brindarán su declaración en la fiscalía de Derechos Humanos y no en sede policial.

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