Entrevistaron a los alojados y realizaron una inspección ocular en la Aldea Tres Horquetas

Es en el marco de la acción de habeas corpus impulsada por el Comité Provincial contra la Tortura para que cesen las violaciones a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal alojados en el Centro Socio Educativo. Fue encabezada por la presidenta del STJ, Iride Grillo.

Aldea Tres Horquetas

En el marco del Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo en favor de la totalidad de los adolescentes alojados en el Centro Socio Educativo Aldea “Tres Horquetas”, presentado por el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas crueles, Inhumanos y/o Degradantes, se llevaron a cabo entrevistas e inspección ocular del lugar. Participaron de la misma los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Isabel Iride Grillo, María Emilia Valle y Rolando Toledo; la Defensora General, Alicia Alcalá, la Defensora Adjunta, Gisela Gauna Wirz; el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina; el secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya, autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, y miembros y personal del CPTCh.

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Deterioro extremo en un año

Luego de las entrevistas a los jóvenes alojados en la Aldea, se inició la inspección ocular. Durante la recorrida se pudo observar el estado en que se encuentra la misma, corroborando y confirmando las observaciones plasmadas en el Hábeas Corpus. Según consignaron desde el Comité contra la Tortura, “en el sector de las casas donde habitan los adolescentes se observó mucha suciedad, se sienten malos olores, se nota la acumulación de aguas servidas, moscas y mosquitos”.

Agregaron que “los baños se encuentran rebasados en su capacidad con excremento estancado, el olor es nauseabundo y los pisos, tanto del baño como de las habitaciones, tienen agua que no se escurre por que los desagües se encuentran tapados con basura. Por lo tanto las personas que allí habitan conviven con esta situación permanentemente, violentando las condiciones de habitabilidad”.

“En lo que va desde mediados de 2016 a la fecha, la situación del lugar donde habitan los jóvenes ha sufrido un deterioro extremo”, aseguraron.

“Abandono y desamparo” de Tres Horquetas 

Desde el Comité Provincial contra la Tortura explicaron que “los adolescentes albergados en la Aldea Tres Horquetas se encuentran bajo “Medidas de Protección Integral de Derechos”, devenidas en “privación de la libertad con agravamiento en sus condiciones”, generando que las condiciones de alojamiento/detención impuestas pongan en peligro el ejercicio de derechos y garantías de la totalidad de los adolescentes allí alojados”.

Según UNICEF, la justicia penal adolescente reconoce los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. A fin de dar una mayor protección a los adolescentes, estos derechos y garantías son reconocidos con mayor intensidad, por ejemplo, el proceso debe tener un plazo de duración más breve.

Lo que verdaderamente caracteriza al sistema penal juvenil es que la sanción penal debe tener preponderantemente una finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente. Solo frente a la comisión de delitos graves se aplicará la pena privativa de la libertad como último recurso y por el tiempo más breve posible.

La tortura, los malos tratos y las violaciones a los DDHH en general no se pueden resolver solamente con la sanción de casos específicos. Lo que se requiere es un abordaje complementario que acompañe la lógica de sanción donde las medidas se tomen antes que los hechos ocurran.

“Como Estado, tenemos un compromiso legal y político y una obligación moral, por eso es necesario tomar dimensión de la situación en la que se encuentra “Tres Horquetas”, en el abandono y desamparo al que está sometida, que ante la sociedad se la presenta como una “mini cárcel” y para lograr la comprensión de las dinámicas y prácticas penitenciarias y policiales a través de la violencia física y psicológica que se ejerce en los chicos que la habitan, porque la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura”, exhortaron desde el Comité.

 

 

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