Caso Greco: en base a un dictamen de la CIDH, piden la reconstrucción del hecho

Con fundamento en el informe anual de la CIDH del 2016, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco solicitó a la Fiscalía de Derechos Humanos la reconstrucción del hecho que derivó en la muerte del artesano Juan Angel Greco en una comisaría de Puerto Vilelas.

El artesano Juan Angel Greco murió por un incendio en su celda, en 1990 a los 24 años.

En su calidad de querellante particular, el secretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, Juan Carlos Goya, presentó un escrito ante la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos solicitando la reconstrucción del hecho que derivó en la muerte del artesano Juan Angel Greco el 4 de julio de 1990, pocos días después de que se incendiara la celda en la que se encontraba alojado en la Comisaría de Puerto Vilelas.

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La presentación de la Secretaría de Derechos Humanos, que lleva el patrocinio del abogado Paulo Pereyra, fue realizada este miércoles 4 de octubre en el marco de la causa penal abierta en la Fiscalía de Derechos Humanos por la cual se encuentran imputados cinco agentes de la policía del Chaco por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “vejaciones” cometidas contra el artesano y también por el posterior “encubrimiento” del hecho.

El caso

El 25 de junio de 1990, el artesano Juan Angel Greco, de 24 años, fue detenido por un supuesto estado de ebriedad y alojado en la Comisaría de la localidad de Puerto Vilelas. Según la denuncia de los familiares ante la CIDH, luego se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras. En ese contexto, apuntaron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. Finalmente, Greco fue hospitalizado hasta su muerte, el 4 de julio de 1990, cuando fue enterrado sin practicársele una autopsia adecuada.

Ante la CIDH, los familiares de Greco señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.

Tras tomar intervención en el caso, la CIDH obligó al Estado Argentino y a la Provincia a comprometerse a una “solución amistosa” que incluía, entre otros puntos, avanzar con el esclarecimiento de las responsabilidades penales y en la creación de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos.

La presentación de la Secretaría de Derechos Humanos 

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA.COM, la reciente presentación se basó en un informe de la propia CIDH del año 2016 que consideró que esa “solución amistosa” se encontraba “parcialmente cumplida” e instó al Estado a suministrar información sobre los incumplimientos, entre ellos, el avance con el juzgamiento de los responsables por las torturas que habría recibido Greco durante sus días de detención.

En un nuevo acto de compromiso del Estado provincial con el esclarecimiento del caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco se constituyó como querellante particular en la causa que investiga a los agentes policiales responsables por la muerte de Greco en la simbólica fecha del 8 de mayo pasado: Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

 

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