Sáenz Peña: declaran inconstitucional un tributo aplicado solo a las cadenas comerciales

Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia al considerar “discriminatoria” la Ordenanza General Tributaria aprobada en 2016 por el Concejo Municipal y que fijó un porcentaje mayor de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a los comercios que no tienen sede central en esa localidad.

Sáenz Peña.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco declaró inconstitucional una Ordenanza sancionada en el año 2016 por el Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña a través de la cual se fijó un porcentaje mayor en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a los comercios que no tuvieran su sede central en la localidad “Termal”. La medida había sido impulsada con la intención promover la radicación de comercios en Sáenz Peña.

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La sentencia, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el 20 de septiembre pasado y lleva la firma de los ministros Iride Grillo, Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Modi y María Luisa Lucas en el marco de una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar impulsada por la Farmacia Catedral S.C.C., que forma parte de la cadena de farmacias de la firma FAR-MAR. Otras firmas, como la casa de venta de electrodomésticos Cetrogar, también habían impulsado iniciativas similares.

El reclamo

En su presentación, la firma señaló que la Municipalidad le concedió la habilitación correspondiente y que desde ese momento abonó la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en función de los metros cuadrados de cada uno de sus locales. No obstante, relató que en febrero de 2016 fue notificada de la sanción de la Ordenanza General Tributaria Nº 8059 vigente para el ejercicio 2016 que incluía modificaciones a la base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, según las cuales aquellos contribuyentes que posean su domicilio sede fuera de la jurisdicción, deberán tributar la misma en relación a una porción de los ingresos brutos obtenidos en el mes calendario dentro de su territorio. Al respecto, la firma FAR-MAR consideró que esta disposición “acarrea una obligación fiscal sustancialmente mayor a la que deben abonar los contribuyentes locales por iguales servicios. Aún cuando sus ingresos brutos resulten iguales o mayores a los otros, cristalizando una medida proteccionista del comercio local irrazonable e ilegal”.

“Discriminatoria, arbitraria y violatoria de la igualdad y la razonabilidad”

En el fallo, los ministros del STJ aclaran resolvieron expedirse a pesar de que la Ordenanza Tributaria Municipal 2016 fue reemplazada por otra para el año 2017 que se encuentra en vigencia, pero advierten que “de considerar inoficioso el tratamiento de la cuestión podría avalarse la trasgresión a los derechos constitucionales de los contribuyentes creemos pertinente ingresar a su análisis”.

“Ello a fin de que las partes puedan eventualmente solicitar las reparaciones o compensaciones pertinentes sin la necesidad de recurrir a vías ordinarias dado que al momento de la presentación de la presente acción la ordenanza era plenamente operativa”, precisan.

Entre los fundamentos esgrimidos por los ministros del STJ para declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza, se destaca el que señala que “la distinción establecida a los fines del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, en función del domicilio de las sedes o casas centrales implica una categorización discriminatoria, arbitraria, violatoria de los principios de igualdad y razonabilidad, y como lógica consecuencia, también del derecho de propiedad, todos reconocidos constitucionalmente”. Y en ese sentido, estiman que son “razones suficientes que nos obligan a pronunciarnos por la inconstitucionalidad de la norma impugnada”.

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