Femicidio de Mariela: la Cámara analizará si acepta como querellante a la Secretaría de DDHH

Se trata del recurso de queja de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco contra la decisión del Juzgado de Garantías Nº 3 de negarle la posibilidad de constituirse como querellante particular en la causa que investiga el femicidio ocurrido el 27 de junio pasado.

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia resolvió abocarse al análisis del recurso de queja impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y solicitó al Juzgado de Garantías Nº 3 el expediente con la investigación que lleva adelante la Fiscalía Penal Nº 1 sobre el femicidio de la joven Mariela Fernández ocurrido el 27 de junio pasado. Es para analizar la solicitud del organismo que conduce Juan Carlos Goya de constituirse como querellante particular en la causa penal que tiene un único imputado: Facundo López, la pareja de Mariela.

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Cabe recordar que tanto la fiscal de investigación penal Nº1, Rita Wenner, como la jueza de Garantías Nº 3, Rosalía Zozzoli, rechazaron la pretensión del secretario de Derechos Humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, para que ese organismo pueda constituirse como parte querellante particular la causa.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional está integrada por los camaristas Héctor Felipe Geijo, Gustavo Serrano y Mercedes Riera.

El caso

Mariela Fernández fue la cuarta víctima mortal por violencia contra el género que se registra en lo que va de 2017 en la provincia del Chaco. Según consigna la denuncia, el 27 de junio pasado el imputado Facundo López agredió físicamente a Mariela, su concubina, utilizando la correa de una riñonera con la que le provocó la muerte por ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Mariela fue encontrado recién al día siguiente en el domicilio que ambos compartían en el barrio 29 de Agosto de la ciudad de Resistencia.

La primera vez en un caso de femicidio

La iniciativa surgió a partir de reuniones mantenidas por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y los familiares de Mariela Fernández, acompañados por el colectivo Ni Una Menos Resistencia. De esta manera se busca, por primera vez, la intervención estatal en la investigación de una causa tan sensible a la ciudadanía para garantizar una correcta sanción contra todos los autores, cómplices, instigadores o encubridores del femicidio.

A partir del caso del artesano Juan Ángel Greco, cuya familia rechazó la investigación que realizó la justicia chaqueña, el Estado provincial tiene la obligación internacional de intervenir en este tipo de causas para garantizar el proceso y la investigación judicial. De igual manera a partir del caso LNP, que llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado provincial debe garantizar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia, y la no repetición de este tipo de hechos.

 

 

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