Femicidio de Mariela: Derechos Humanos va a la Cámara por la constitución como querellante

Tras un nuevo rechazo para que la Secretaría de Derechos Humanos se constituya como querellante en la causa que investiga el asesinato de la joven, el organismo recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que revea esa decisión.

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco interpuso un recurso de queja para que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional analice la negativa a aceptar la intervención de ese organismo como querellante particular en la causa en la que se investiga el femicidio de la joven Mariela Fernández.

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Cabe recordar que tanto la fiscal de instrucción penal, Rita Wenner, como la jueza de Garantías Nº 3, Rosalía Zozzoli, rechazaron la pretensión del secretario de Derechos Humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, para que ese organismo pueda constituirse como parte querellante particular en el proceso de investigación por el cual se encuentra imputado Facundo López, pareja de la mujer asesinada.

La jueza Zozzoli no solo rechazó convocar a una audiencia para que las partes pudieran exponer sus fundamentos sino que también rechazó la apelación contra su propia resolución, lo que obligó al organismo provincial a recurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los fundamentos

En los fundamentos del escrito de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, a los que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, se advierte que la jueza de Garantías Nº 3 rechazó el planteo de ese organismo con el fundamento de que no es parte en la causa cuando justamente ese era el motivo por el cuál se requirió su intervención tras la decisión de la fiscal Wenner de rechazar la solicitud para constituirse como querellante particular.

Se cita en la presentación, además, un antecedente en el cual la propia jueza Zozzoli llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia para ser aceptada como querellante en otra causa. Así como también una resolución de la propia Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en la que se hace lugar al planteo de constitución de un querellante particular en base al artículo 440 del Código Procesal Penal introducida por la ley 6.211 (modificatoria de la 4.538). En ese sentido, el escrito de la Secretaría de Derechos Humanos precisa que en esa resolución la Cámara “le ha otorgado plena facultad de autonomía recursiva al querellante particular manteniendo en un plano de igualdad con el Ministerio público fiscal y por consiguiente pudiendo formular sus pretensiones de igual forma que aquél y aún en los supuestos en que existieran discrepancias, con lo cual, la vía de apelación se encuentra habilitada correctamente en orden a ésta norma a que hemos hecho referencia”.

“Abuso de poder”

En el recurso de queja, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco señaló que en el rechazo del recurso de apelación a su resolución firmado el día 18 de septiembre por la jueza Zozzoli, la magistrada volvió a incurrir en el “absurdo” de no darle trámite por “no revestir la calidad de parte”. En ese contexto, consideró que la resolución de la jueza exhibe un razonamiento que impide que los actos jurisdiccionales sean revisados por el superior. Y subraya: “más que funciones de control jurisdiccional propias de un Juez de Garantías en un tema tan sensible como es el acceso a la justicia, nos encontramos frente a actos de abuso de poder”.

El caso

Mariela Fernández fue la cuarta víctima mortal por violencia contra el género que se registra en lo que va de 2017 en la provincia del Chaco. Según consigna la denuncia, el 27 de junio pasado el imputado Facundo López agredió físicamente a Mariela, su concubina, utilizando la correa de una riñonera con la que le provocó la muerte por ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Mariela fue encontrado recién al día siguiente en el domicilio que ambos compartían en el barrio 29 de Agosto de la ciudad de Resistencia.

La primera vez en un caso de femicidio

La iniciativa surgió a partir de reuniones mantenidas por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y los familiares de Mariela Fernández, acompañados por el colectivo Ni Una Menos Resistencia. De esta manera se busca la intervención estatal en la investigación de una causa tan sensible a la ciudadanía para garantizar una correcta sanción contra todos los autores, cómplices, instigadores o encubridores del femicidio.

A partir del caso del artesano Juan Ángel Greco cuya familia rechazó la investigación que realizó la justicia chaqueña, el Estado provincial tiene la obligación internacional de intervenir en este tipo de causas para garantizar el proceso y la investigación judicial. De igual manera a partir del caso LNP que llegó al comité de Derechos Humanos de la ONU el Estado provincial debe garantizar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia, y la no repetición de este tipo de hechos.

 

 

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