La diputada Masín advirtió que el gobierno nacional “no tiene una política pública de discapacidad”

La diputada nacional del FPV Lucila Masin manifestó una profunda preocupación ante las expresiones hechas por la vicepresidenta Gabriela Michetti en la apertura del IV Congreso Internacional sobre Discapacidad. Dijo que debería declararse “inconstitucional” el DNU que creó la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lucila Masin, diputada nacional del FpV

“En el Congreso desarrollado en la Ciudad de Resistencia, la vicepresidenta de la Nación resaltó la flamante creación de la Agencia Nacional de Discapacidad como un logro de la gestión macrista, cuando en su discurso Michetti deja al descubierto la falta de planificación y contenido sobre esta política pública, cuando en el decreto de creación de la agencia nombran a las “Personas en situación de discapacidad”, en violación a la Convención y Protocolo Facultativo aprobado ley 26378/2008 con rango constitucional otorgado por ley 27044/2014. La terminología correcta es “personas con discapacidad”, además de no mencionar el financiamiento y la superposición de funciones que causa una incongruencia en la normativa”, señaló la diputada nacional.

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“El gobierno nacional no tiene una política pública de discapacidad clara que atienda las demandas y las necesidades que respeten los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad y de forma contraria está vaciando gradualmente a la CONADIS”, afirmó la diputada Masin.

Al disponer la supresión de la CONADIS en el Decreto 698/2017 y al no establecer la derogación implícita o expresa de los decretos  1101/87 y 984/92 de creación y asignación de funciones de CONADIS y 806/11 de cambio de nombre (actual CONADIS), y el decreto 1455/96 de creación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, todos estos decretos siguen vigentes por lo que hay colisión normativa.

La legisladora nacional Masin elabora sus proyectos de ley con perspectiva de discapacidad y trabaja la temática en el territorio, en este contexto manifestó que “no se ha convocado a las organizaciones, a los organismos, a las familias, a las personas con discapacidad para ser incluidas en este nuevo diseño de estructura gubernamental. Por ello conocemos que hay un marcado posicionamiento de las organizaciones con respecto a la nulidad de este DNU porque no se respeta la convención internacional y sobre todo atenta con la autonomía, la independencia y la toma de decisiones de las personas con discapacidad”.

En consonancia con el comunicado de la REDI, Masin expresó que “podemos interpretar que el Estado Nacional ensaya sus políticas sobre un sector muy vulnerable y es notoria su falta de voluntad política al desconocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma”.

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