Por Fernando Alonso
La actividad económica muestra generalizados indicadores positivos a partir de una mejora en el poder de compra del salario y de la inversión en obra pública que realiza el Gobierno y que se espera sostenga hasta las elecciones de octubre. También la inversión privada está en expansión, pero a un nivel más moderado y concentrada en proyectos de lenta maduración, como los vinculados al petróleo y la energía.
La Cepal estimó hace algunas semanas que la expansión de este año llegará a 2%, por debajo de las previsiones oficiales que todavía sostienen un 3,5% de crecimiento del PIB. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó en 2,2% la caída de actividad de 2016, por lo que el crecimiento esperado para este año no alcanza a recuperar lo perdido.
De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Indec, la economía se expandió un 4% anual en junio, por encima del alza de 3,4% que había presentado en mayo y finalizó el segundo trimestre con un alza promedio de 2,7% con respecto a igual período de 2016 y de 0,8% con relación al trimestre previo.
Hacienda, en tanto, informó sobre los resultados fiscales de julio, que mostró a los ingresos creciendo cinco puntos más que el gasto primario, ahora ya sin efectos de planes fiscales como el blanqueo. Esa ecuación permitió reducir el déficit primario 9% respecto del año pasado y acumular en el año un rojo de 1,7% del PIB, alineado con las metas oficiales.
Pero si bien los resultados primarios fueron positivos, lo cierto es que el resultado final mostró un crecimiento interanual del déficit fiscal de 19% impulsado por el crecimiento de 78% acumulado en el año de pagos de servicios de la deuda.
Las cuentas primarias fueron adoptada por recomendación del FMI en la década del 90, como una forma de mostrar la capacidad de pago de la deuda. En el contexto actual y en función de la política monetaria que se utiliza como ancla antiinflacionaria, el número relevante es el que refleja el total del déficit y que para el año se proyecta en 6% del PIB, similar al de 2016 y por encima de 2015.
El déficit será igual a 2016, pero con menor gasto primario y mayor pago de deuda.
Es decir, el año terminará con un gasto primario menor (que repercutirá en el nivel de actividad, tanto por una desaceleración en el ritmo de la obra pública como por la nueve eliminación de subsidios a la energía, que se trasladará a las familias con un alza de tarifas que reduce su capacidad de gasto) pero con el mismo nivel de déficit. Esto obligará al Banco Central a mantener la actual política de tasas activas para frenar el proceso inflacionario con el desaliento a la inversión productiva y mayor restricción de la demanda.
La economía apunta a recuperar este año lo que perdió en 2016, pero todavía hay dudas sobre la capacidad de convertirlo en crecimiento
