Confirman condena contra empleada judicial por pedir coima para archivar una causa

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar el recurso de Casación de la defensa y confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra Silvia Liliana Ojeda. Es por el delito de “tráfico de influencias agravado” por solicitar dinero a cambio de archivar una causa.

Sede de las Fiscalías en Resistencia.

En mayo de 2013, Ojeda se desempeñaba como prosecretaria provisoria de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 15 de Resistencia a cargo del fiscal Roberto Villalba, y le solicitó cinco mil pesos a un abogado a cambio de archivar una causa. El abogado en cuestión, Julio César García -por entonces titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del gobierno provincial- lo puso en conocimiento de la justicia aportando los mensajes de texto intercambiados con Ojeda lo que motivó el accionar de la Procuración General, la Policía del Chaco y la misma Fiscalía en cuestión.

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El 29 de mayo de ese año, alrededor de las 16 horas, la mujer organizó el encuentro con García de quién recibió los cinco mil pesos pero fue detenida “con las manos en la masa” por personal policial que estaba advertido de la maniobra. El procedimiento también fue filmado.

Ojeda fue imputada, juzgada y condenada por el delito de “tráfico de influencia agravado” a tres años de prisión en suspenso -la pena se cumple en libertad en tanto dure su buena conducta- por la sala unipersonal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia a cargo de la jueza Gloria Beatriz Zalazar. La defensa interpuso un recurso de Casación ante el STJ que fue rechazado con fecha del 28 de junio y que ahora difunde como adelanto CHACO DIA POR DIA.COM. La sentencia lleva la firma de los ministros Emilia Valle –presidenta- y de Rolando Toledo –vocal- de la Sala en lo Criminal y Correccional del máximo tribunal del Chaco.

La principal objeción de la defensa de Ojeda pasaba por desacreditar la obtención de las pruebas que incriminaban a la empleada judicial y, en ese sentido, la Sala Penal citó jurisprudencia dejando sentado que “(…) no existe obstáculo alguno para considerar a la prueba obtenida, por disposición y con el debido control y resguardo jurisdiccional, plenamente idónea para dar basamento a prueba de cargo atributiva de responsabilidad penal”, es decir, quedó sentado que las pruebas recolectadas fueron obtenidas por órdenes emitidas por el Ministerio Público Fiscal.

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