Denunciaron al Sindicato de Judiciales por supuesta estafa inmobiliaria y los acusados salieron a defenderse

Una veintena de beneficiarios denunciaron penalmente a la titular del Sindicato de Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, al referente del gremio en Sáenz Peña, Miguel Ramos y al bancario Luis Vargas por presunta estafa, en el marco de una operatoria de la venta de terrenos donde supuestamente se construiría un barrio judicial. En respuesta, Aranda encabezó una conferencia de prensa para dar su versión de lo sucedido.

Según la denuncia, los pagos se habrían efectuado entre fines de 2014 y fines de 2015 e incluso el último habría sido vendido en el transcurso de este año, cuestión que se habría dado a raíz que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando cupos lo que derivó en ventas posteriores pero siempre dentro del marco del convenio, variando la fecha referida al inicio de la obra. Pero, según consta en la denuncia, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.

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Los denunciantes hacen referencia a Ramos como el representante formal del sindicato y califican a Vargas como “la persona que recibía y contaba el dinero”.

Ambos eran quienes informaban e instruían sobre la operatoria en las reuniones a las cuales los potenciales beneficiarios ante la posibilidad que se les presentaba de adquirir una casa mediante el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda conociendo las facilidades que “el organismo ofrece para el acceso a la vivienda”.

En la presentación patrocinada por el abogado Marcelo Verbeek, los damnificados presentaron una serie de documentales como elementos de pruebas para sostener la acusación y certificar la presunta estafa.

La defensa

En respuesta a estas acusaciones, la Secretaria General del SEJCH, Graciela Aranda encabezó una conferencia de prensa donde exhibió el plano “y la subdivisión visada por el Municipio de Sáenz Peña” donde se “determinaban los distintos lotes”, y aclaró “esto es para los que decían que no había ni plano, porque se quiso mostrar un terreno fantasma”.

Aranda reconoció que se firmó el convenio de reserva de adjudicación y aseguró que “ese lote no es del Sindicato”,  pero después dijo que “el Sindicato tenía que ceder al IPDUV para construir las viviendas”.

Notablemente molesta, Graciela Aranda precisó, “el compromiso es la gestión ante el instituto de vivienda. Nosotros presentamos el terreno, pero a partir de allí, el instituto es el que tiene que aprobar, para saber si es factible o no construir de acuerdo a la tierra y al lugar del terreno”.

La gremialista, que estaba acompañada de un nutrido grupo y el abogado Jorge Alcántara,  cuestionó a los periodistas, “si ustedes me permiten y se explayaron y tiraron por todos los medios el nombre de estafa, déjenme que quiero explicar”.

Sobre la denuncia en cuestión, indicó “me enteré por los medios, entonces traté de unificar la respuesta”, asimismo continuó diciendo, “todos somos seres humanos, y somos personas honorables y respetuosas, me considero una persona honorable, y creo que me manejo en el marco de la responsabilidad, de la honestidad y ayer pusieron en duda esa honorabilidad”.

Aranda, reiteró, “si hay algo de lo que estamos seguros es de la gestión que hicimos” y nuevamente aclaró, “no es responsabilidad del Sindicato de Empleados Judiciales, construir las viviendas, si gestionar que allí se construya en ese lotecito que adquirieron”.

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FuenteNorte, La Radio y Diario 21
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