Derivaciones médicas: tras el rechazo de los sindicatos, el InSSSeP modificó el anexo polémico

En medio de una fuerte discusión mediática, el Directorio del InSSSeP decidió modificar la Resolución 3597/17, que disponía nuevas pautas para la determinación de la derivación de los pacientes, y a través de una nueva disposición, que lleva el número 4099.

Sede del InSSSeP

Esa norma se atribuía la potestad “exclusiva y excluyente” de determinar las limitaciones a los servicios, beneficio y sus normas de utilización, en casos de “conflicto o definición respecto a la correspondencia de la autorización”.

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La definición debiera descomprimir la tensa situación que se gestó con buena parte de los sindicatos estatales que tras rechazar la primera de las resoluciones, se disponían a realizar una gran movilización esta semana, en busca de una reconsideración por de esas disposiciones por parte del organismo.

El Directorio del InSSSeP decidió modificar la polémica Resolución 3597 y ahora los sindicatos estudiarán los pasos por seguir.

En principio, pondrá a las organizaciones a debatir los pasos a seguir, en una reunión convocada para este lunes, a las 10, en UPCP, confirmaron a NORTE los dirigentes sindicales consultados.

Los argumentos

La Resolución 4099, está firmada por el vicepresidente del Insssep, Alfredo Zamora; el vocal por el sector pasivo, Isidoro Georgef; y el asesor legal de la obra social. Entre los considerandos admite que la decisión de rever el Anexo IV se da ante “los reclamos recibidos de distintos sectores de trabajadores y afiliados”, por lo que realizó una “revisión integral de la norma en cuestión” que permitió advertir que la redacción de ese apartado “no se corresponde” con el objetivo buscado.

En ese sentido, remarca que “teniendo presente que la Resolución Nº 3.759/17 aún no está vigente”, resulta factible realizar las correcciones “ratificando que la decisión final en materia de derivaciones, es una potestad exclusiva y excluyente del Insssep”.

Lo que dice la nueva redacción

La Resolución 4099 dispone modificar el Anexo IV de la 3759, y entrará en vigencia el 1º de septiembre.

La nuevas normas de derivaciones disponen que se admitirá el tratamiento de solicitud de derivación fuera de la provincia, “pero siempre dentro del territorio de la República Argentina”, en los casos de “ausencia de recursos humanos necesarios para la asistencia de la patología” ó “sus complicaciones y lo ausencia de complejidad instalada en la provincia”.

El circuito administrativo queda estructurado así: en primer lugar, el profesional deberá conformar la historia clínica de derivación en el formulario provisto por el Insssep y rellenar íntegramente la información y requisitos allí requeridos. Con posterioridad, el paciente derivado (afiliado) o persona autorizada que asista al mismo, deberá presentar el formulario en cuestión al Insssep, “para la evaluación de la autorización”.

“La auditoría médica del Insssep podrá solicitar auditorías conjuntas de evaluación de derivaciones programadas o convocar al profesional tratante y a la entidad gremial que lo nuclee, a los efectos de dirimir cuestiones en el contexto de acto propio de la derivación”, sostiene.

Para el caso de pacientes horizontales que requieran ser derivados, se conformará el formulario, el servicio y modalidad de traslado. “El mismo deberá ser evaluado por la Auditoría Médica del Insssep”, que a través del Departamento del Área Funcional, “solicitará la admisión en la entidad con capacidad resolutiva”, sostiene el texto.

A la vez, indica que “en aquellas solicitudes que por el contexto del conflicto o insatisfacción manifiesta por parte del afiliado requieran de un tratamiento excepcional, el Insssep dispondrá una auditoría conjunta posterior, que evaluará el proceso, siendo pasible el traslado de débitos a la entidad donde pertenezca el profesional derivador”.

Finalmente, la Resolución 4099 dispone que “en el caso de conflicto o definición respecto a la correspondencia de la autorización, se faculta a la Gerencia General de Obra Social y Alta Complejidad a intervenir y definir la cuestión, en uso de la potestad exclusiva y excluyente de la Obra Social de determinar las limitaciones a los servicios, beneficio y sus normas de utilización”.

 

 

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