“Ayer (miércoles) fue resuelta la cautelar que había presentado la Defensoría del Pueblo donde se solicitaba que se deje sin efecto la suspensión de las pensiones dado que en muchos casos, según el planteo del Defensor del Pueblo, se las ha quitado arbitrariamente”, recordó Niremperger en declaraciones a RADIO CIUDAD.
La jueza reconoció en este sentido que a pesar de haber pedido informes a la Anses para que detallen la cantidad de pensoines que see dieron de baja en la provincia, el procedimiento que se siguió para tomar esta decisión y los motivos por los cuales se canceló, el organismo directamente no respondió.
“No habiendo respondido y avisorándose, en principio, que se han cancelado pensiones no contributivas sin seguir un procedimiento que le dé la posibilidad a cada una de las personas a defender su estatus o a presentar la documentación pertinente que acredite que realmente es una persona discapacitada es que nosotros le ordenamos a la Anses que restablezca las pensiones que han sido sacadas desde el 2017 en adelante hasta tanto se le dé la posibilidad a las personas que acrediten la situación de discapacidad que alegan tener”, explicó la jueza.
Para Niremperger, está claro que “lo que nos resulta a nosotros más evidente como injusticia es que no ha habido un proceso de defensa o que le dé el derecho de defensa a las personas o de acreditar la discapacidad que tienen”.
