El fiscal de Estado, Dr. Luis Meza, habló para RADIO CIUDAD en el marco del planteo judicial que ante la Corte Suprema de Justicia realizó la provincia de Buenos Aires para reclamar un aumento en el porcentaje de coparticipación para ese distrito.
Explicó que el porcentaje que se reclama corresponde a un 10% del monto total, “que estaba destinado a un Fondo de asignación específico destinado al conurbano de la Provincia de Buenos Aires donde se estableció como tope en su momento, cuando el Dr. Menem (Carlos) era presidente y el Dr. Duhalde (Eduardo) gobernador, la suma de $650 millones a favor de la provincia de Buenos Aires”, en aquel entonces a precio dólar (tiempos del uno a uno).
“Estos $650 millones de tope son los que la provincia de Buenos Aires quiere que sea actualizado. Mejor dicho, liberado, los quiere coparticipar igual que las demás provincias y para eso inicia una demanda judicial ante la Corte Suprema de la Nación contra el Estado Nacional”, señaló.
Sin embargo, aseguró que “el Estado Nacional dice que él no tiene nada que ver porque él no coparticipa respecto del 10% del conurbano bonaerense y en consecuencia dice que las interesadas son las demás provincias que son parte de la coparticipación de este fondo del conurbano y por lo tanto, el 10% restante, los $650 millones de pesos que van para Buenos Aires, coparticipan el resto de las provincias, sin Nación y provincia de Buenos Aires y CABA”.
Para Meza, el primer planteo de los resto de las provincias, es que el Estado Nacional no puede evadir su responsabilidad en el litigio, porque “sí es responsable por cuanto la coparticipación es una sola”. “Si bien hay asignaciones específicas o fondos específicos de coparticipación, es una sola y de esa coparticipación el que más lleva es el Estado Nacional. En consecuencia, si hay que actualizar o regularizar esa situación yo entiendo, y entendemos en general que debería salir del Estado Nacional”.
No obstante esta primera lectura, el fiscal de Estado aseguró que se trata de “una cuestión jurídica que en realidad es una cuestión política que no debe ser judicializada. Estamos ante un Estado Federal y esto no puede ser dirimido por uno de los poderes del Estado, debe ser mediante un pacto entre Provincia y Nación, que posteriormente debe ser homologado por el Congreso de la Nación a través de la mayoría calificada, tal cual lo establece la Constitución Nacional”.
Y añadió: “Ese es un poco el planteo más allá de que también entendemos que habría que revisar lo que tiene que ver con la coparticipación con el impuesto al cheque ya que también en este contexto las provincias, respecto de los impuestos del cheque coparticipan el 30% y la Nación en un 70% lo que es absolutamente inequitativo”.
Por último, consultado sobre las consecuencias que podría traer si la Corte Suprema da lugar al planteo de provincia de Buenos Aires, el fiscal de Estado aseguró que “podría ocasionar graves problemas en la provincia del Chaco, sobre todo en materia salarial porque es absolutamente significativo porque estará en el orden de más de dos meses de sueldos de todos los empleados públicos provinciales”.
