A través de un escrito firmado por el abogado Paulo Pereyra y presentado este martes ante la Fiscalía de Investigaciones Nº 1 de Resistencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco solicitará constituirse como querellante particular en la causa en la que se investiga el femicidio de Mariela Fernández, la joven de 25 años que fue encontrada sin vida en su domicilio del barrio 29 de Agosto el pasado 27 de junio. Por el caso se encuentra imputado su pareja Facundo López.
La intervención de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco se funda en el decreto Nº 1667/17 firmado por el gobernador Domingo Peppo el 7 de agosto pasado, en base a lo normado por el Código Procesal Penal de la provincia. La causa se encuentra caratulada como “LOPEZ, FACUNDO ESTEBAN S/FEMICIDIO”; EXPTE. Nº 19777/2017-1”.
En el escrito, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos considera que el delito a juzgar encuadraría en la figura de “homicidio doblemente calificado por la relación preexistente y femicidio (art. 80 incs. 1° y 11° del código penal)”.
El caso
Mariela Fernández fue la cuarta víctima mortal por violencia contra el género que se registra en lo que va de 2017 en la provincia del Chaco. Según consigna la denuncia, el 27 de junio pasado el imputado Facundo López agredió físicamente a Mariela, su concubina, utilizando la correa de una riñonera con la que le provocó la muerte por ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Mariela fue encontrado recién al día siguiente en el domicilio que ambos compartían en el barrio 29 de Agosto de la ciudad de Resistencia.
La primera vez en un caso de femicidio
La iniciativa surgió a partir de reuniones mantenidas por el secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya y los familiares de Mariela Fernández, acompañados por el colectivo Ni Una Menos Resistencia. De esta manera se busca la intervención estatal en la investigación de una causa tan sensible a la ciudadanía para garantizar una correcta sanción contra todos los autores, cómplices, instigadores o encubridores del femicidio.
A partir del caso del artesano Juan Ángel Greco cuya familia rechazó la investigación que realizó la justicia chaqueña, el Estado provincial tiene la obligación internacional de intervenir en este tipo de causas para garantizar el proceso y la investigación judicial. De igual manera a partir del caso LNP que llegó al comité de Derechos Humanos de la ONU el Estado provincial debe garantizar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia, y la no repetición de este tipo de hechos.
