El Instituto Sampay denuncia la tentativa de privatizar la empresa ARSAT

Así lo anunció a través de un comunicado de prensa. Por ese motivo radicará una denuncia penal y una acción de amparo para anular y sancionar a los responsables de la negociación con la empresa Hughes Network Systems LLC sin autorización del Congreso Nacional

Arsat, un paso atrás

El Instituto “ARTURO E. SAMPAY”, en consonancia con sus fines estatutarios de defensa de la institucionalidad y del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, informó que dará inicio a las acciones legales, denuncia penal y acción de amparo, para anular y sancionar debidamente a quienes hayan tenido autoría y participación en los actos preparatorios para la enajenación, -sin autorización del Congreso de la Nación y contraviniendo lo dispuesto por la Ley 27.208 de orden público-, de capital accionario de titularidad del Estado Nacional en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, a cuyo cargo se encuentra el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-20135.

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La Carta de Intención suscripta entre la empresa estatal argentina AR-SAT y la empresa estadounidense HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC, de fecha 29 de junio de 2017, operada sin la autorización del Congreso de la Nación, tal como lo requiere taxativamente el Art. 10 de la Ley 27.208, configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (art. 248, C. Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (arts. 75 y 116, C.N.), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N.).

El acto repugnado hiere los principios de auto determinación e independencia económica, científica y tecnológica, establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte de la Ley Suprema de la Nación.

Finalmente, el Instituto ARTURO E SAMPAY formula un llamamiento a los senadores y diputados de la Nación Argentina a fin que preserven las potestades que la Constitución Nacional les confiere, que no pueden ser usurpadas por ningún otro poder del Gobierno Federal, en resguardo de la soberanía nacional y del Estado de Derecho fundado en la división de poderes.

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