El diputado Hugo Domínguez salió con los tapones de punta y manifestó que en 2017 se aprobaron sólo 10 pedidos, 136 están pendientes y 50 fueron enviados a archivo por obsoletos.
Afirmó que “no alcanza con publicar o hacer público lo que desde el Gobierno de Peppo creen que debe saberse; se debe publicar todo y responder los pedidos de Informe concretos de la oposición”.
“Queremos acceder, de primera mano, a toda información y detalles de designaciones, compras, licitaciones, entre otros temas que significan asignaciones presupuestarias que la ciudadanía quiere conocer para saber en qué se gasta su dinero”, indicó el diputado.
También recordó que dirigentes de Encuentro Cívico concurrieron a la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde presentaron una solicitud de informes acerca de las cuestiones relativas a los fideicomisos con fondos del presupuesto provincial, sin respuestas hasta el momento.
50 proyectos archivados
Domínguez precisó que la Cámara de Diputados en 2017 envió, por haber quedado obsoletos, aproximadamente 50 pedidos de informes, ya que sólo se aprobaron no más de 10 pedidos de informes (incluidos los del oficialismo). En el orden del día aún hay 136 pedidos de informes, algunos datan desde el año 2015 que no avanzan en la Legislatura.
Entonces el diputado chaqueño se preguntó por qué no se cursan los proyectos de Resolución, por ejemplo, en los que se piden que se clarifiquen detalles de obras públicas, sobre la Fiduciaria del Norte y sus supuestas inversiones o procedimientos de compra, o cuánto ganan los integrantes del Directorio del banco del Chaco, sobre las que adelantó son “sumas que escandalizan a cualquier ciudadano trabajador”.
Respeto a la Ley de Transparencia
Con el mismo tenor, manifestó que no se está respetando “en un todo” la Ley de transparencia pública y acceso a la información pública, por cuanto adelantó que realizará presentaciones ante oficinas de control y de la justicia si la “metodología” continúa.
El diputado Domínguez viene reclamando al Gobierno la regularización del funcionamiento y carga de datos a disponibilidad de la ciudadanía por parte de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido destaca la intención del Gobierno, pero señala que es parcial, porque, en la Legislatura chaqueña, los diputados oficialistas, “no dan curso a pedidos de Informe que son abundantes y muchos de ellos datan de más de un año de solicitados”.
Cabe señalar que la Ley Nº 7847, sancionada en agosto de 2016 da el marco legal para el funcionamiento de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la cual el Gobierno tiene los mecanismos necesarios para cumplirla sin objeciones, precisa el diputado.
La Oficina tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría General de Gobierno y Coordinación y como objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión de los órganos del Estado.
