
Así lo señaló el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Productoras de Cine (Campro) Ricardo Arriola Afara, quién participó de una mesa abierta junto con otros representantes paraguayos para exponer la situación de su país y la labor realizada desde la entidad.
Arriola expresó que pese a la falta de apoyo estatal están realizando entre cuatro y cinco películas al año y valoró como positivo que algunas hayan participado en festivales internacionales porque los posiciona y sirve de incentivo a otros realizadores.La propuesta audiovisual está en desarrollo y la mayor oferta es para televisión aunque, según contó Arriola Afara, lo que más moviliza la economía audiovisual es el mercado publicitario, que favorece el crecimiento y desarrollo técnico de la industria.
La Ley de realizadores que se encuentra en estado parlamentario propone, entre otros puntos, la creación del Instituto Audiovisual Nacional y del Consejo Nacional del Instituto que vincula a los realizadores y el Estado.
Recursos concursables
Arriola Afara detalló, junto a la actriz paraguaya, Hebe Duarte, y el realizador Osvaldo Ortiz, que si bien desde la Mesa Multisectorial de la Campro ya se están llevando a cabo tareas de gestión, representación en mercados internacionales, festivales y rondas de negocio la normativa permitirá el trabajo en un marco más formal e institucionalizado entre realizadores y Gobierno.
El proyecto legislativo también contempla la creación de un impuesto a la importación de dispositivos de reproducción electrónicos como televisores y celulares para crear un fondo de incentivo.
Subrayó que esos recursos serán concursables y de alcance nacional para capacitaciones y producciones, como así también bilaterales para coproducciones, y enfatizó además que quiere que todo sea transparente y nacional.
La Campro reúne a 20 productoras y se divide el trabajo en cine, publicidad y la mesa multisectorial que se creó hace dos años y reúne a todas las organizaciones como la Campro, documentalistas, actores, entidades y funcionarios del sector público.