La baja en la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunciara el domingo que ya está concluida la primera versión del proyecto del Ejecutivo para reformar el Sistema Penal Juvenil, a la vez que confirmó que la edad para penar a menores fue fijada en 14 años para delitos gravísimos y en 15 años para delitos muy graves.
La defensora Oficial del Chaco, Alicia Alcalá, se refirió en declaraciones a RADIO CIUDAD a una reforma que le resulta “lamentable” y que desde su punto de vista, no debería “pasar un control de constitucionalidad ni convencionalidad, porque no respeta los estándares mínimos de la Justicia Penal Juvenil”, constituida por principios esenciales de derechos humanos que apuntan a proteger “el desarrollo del adolescente y su reinserción en la sociedad”.
Objetó que lo primero que vulnera el proyecto, “es el principio de igualdad ante la ley”. Y citó de ejemplo que “para los adultos que delinquen, en ningún momento se hace la diferencia de penarlo más según el delito que cometen. Y para los adolescente se prevé hacer este castigo. Porque en realidad es un castigo y no se percibe la reinserción del adolescente en la sociedad”.
Lamentó que toda la confección y el trabajo se centre sólo en la Comisión redactora del proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional, a razón de no contar con ninguna información que se vincule con “sacar a los adolescentes de la calle para insertarlos en el sistema educativo, en programas educativos, en programas rurales para sacarlos de las drogas que es lo que en mayor medida los lleva a delinquir. Entonces considero que si el Estado, que tiene obligaciones para con niños y adolescentes, no las cumple es muy hipócrita luego caerle con todo el peso de la ley cuando el adolescente no tuvo esos derechos respetados y a su vez vulnera el derecho de otro”.
En relación a vulnerar también los convenios internacionales, habló del avasallamiento al artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niños, las Reglas de Beijin y las Directrices de Riad de las Naciones Unidas para la defensa juvenil. “No respeta ninguno de esos tratados”, cuestionó.
Reiteró la crítica en cuanto a la falta de programas efectivos “para ayudar a los chicos. Anuncian muchos programas y políticas públicas pero creo que realmente no hay una decisión política para apostar a sacar a la adolescencia y a la niñez de la calle. Es el gravísimo problema que tenemos. “Tener a un adolescente encerrado cinco años, no sé quien piensa que va a salir mejor de lo que entró. Lo bueno, lo mejor es sacar a ese chico de la calle, a puntar a la familia y al trabajo en la comunidad; hacernos cargo “, apuntó Alcalá.
Reforma sí, pero en términos de protección de la niñez y la adolescencia
En cuanto a las expresiones del ministro Garavano, las que se difundieron finalmente el domingo luego de una entrevista concedida a Radio Mitre, la defensora Oficial aclaró que al referir a un Régimen Penal para reemplazar al actual el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos “refiere, como lo hacemos todos los que trabajamos en derecho, a que la ley que rige actualmente en proceso penal, la 22.268, que es una ley antiquísima que está absolutamente superada para el abordaje de la problemática de la niñez y de la adolescencia”.
“Es cierto, hay que reformar la ley porque deja en manos del juez, absoluta y de manera discrecional, cualquier decisión sobre el niño y el adolescente, cosa que no puede ser y más a partir de la ley 26.061 que es la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, indicó Alcalá. Reconoció que en el país hay innumerables especialistas en los derechos de la niñez y adolescencia y que incluso varios de ellos trabajaron y plantearon a Garavano las mismas cuestiones vertidas por la defensora Oficial, sin embargo, aseguró que “hay oídos sordos y por eso es que defiendo mi crítica en que falta una decisión política para sacar a los chicos de la calle”, objetó.
