“La guerra contra las drogas viene fracasando desde hace 70 años”

Lo afirmó el abogado Mariano Fusero, a cargo del área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Dijo que la ley de regulación del cannabis medicinal “es incompleta” y que Argentina está lejos de avanzar en un modelo como el uruguayo de regulación del consumo recreativo de marihuana.

Mariano Fusero, del área de Políticas de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal

Fusero consideró que la recientemente aprobada ley que autoriza el uso medicinal del cannabis “es limitada” en la práctica y un “fracaso” en cuanto a sus alcances jurídicos al no reconocer los derechos humanos de los usuarios. Sin embargo, consideró que fue un “logro político” que se debata públicamente sobre una sustancia como el cannabis (marihuana) demonizada durante décadas en la Argentina.

“Es una ley bastante limitada y no aborda algunas cuestiones pendientes como el autocultivo, como una conducta absolutamente necesaria para las personas que hacen uso de cannabis con fines medicinales y que se dejó de lado meramente por una cuestión política, porque el Poder Ejecutivo nacional no quiso que se avance mediante esta técnica que las personas utilizan como para acceder a la sustancia en su estado natural, a la planta”, explicó el especialista de la Asociación Pensamiento Penal, en diálogo con Radio Municipal Resistencia.

En ese contexto, advirtió que “más allá de lo limitada que es la ley, que es un fracaso en lo jurídico, que no reconoce los derechos de los usuarios, es un logro político para una sustancia que estuvo demonizada durante casi 100 años como el cannabis, y que podría servir para otras batallas futuras de reconocimiento de derechos humanos de los consumidores como ser la despenalización o la regulación”. Al respecto, aclaró que no vislumbra que en el actual contexto de la Argentina estén dadas las condiciones para avanzar en el debate por la regulación del uso de marihuana con otros fines que no sean medicinales y citó el caso del estado de California en donde se reguló el cannabis para uso medicinal en el año 1996 y recién el año pasado, veinte años después, se avanzó con la regulación para fines recreativos.

Más allá de los alcances de la normativa nacional, Fusero señaló que “se abre la posibilidad, y lo estamos impulsando con Pensamiento Penal, a que las legislaturas locales avancen sobre esta figura, consideramos que al ser un tema de salud es un tema local y podrían avanzar en una legislación más completa que la nacional”.

¿Despenalización o regulación para fines recreativos?

El responsable del área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal consideró que el contexto que acompañó el avance de la regulación del uso del cannabis medicinal fue debido a la “empatía” que lograron transmitir las madres de los pacientes con padecimientos muy graves a través de la exposición de sus casos difundidos por los medios. “Era casi imposible no abordar alguna regulación”, aseguró. No obstante, conjeturó que “no creo que suceda lo mismo con algo que sigue siendo un gran tabú, que siguen enquistados ciertos prejuicios dentro de esta cultura prohibicionista respecto de los fumadores o consumidores de cannabis por diversas vías con fines adultos o recreativos. No existe ese nivel de empatía para con cualquier persona que consuma el cannabis que no sea con fines medicinales”.

“Son debates disociados: en uno, que el Estado debe reconocer el derecho a la salud y a la vida, al mejor bienestar posible que tengan las personas, y el otro, más circunscripto a un respeto a los derechos humanos, y hacer con su cuerpo, su autodeterminación, su libertad, su privacidad, lo que les parezca siempre y cuando no vulneren o perjudiquen a un tercero, que es el límite constitucional establecido en nuestra Carta Magna. Son debates diferenciados y tienen compuestos argumentales distintos”.

Con respecto de la despenalización del consumo de marihuana, Fusero recordó que “es inocultable, para cualquiera que quiera debatir seriamente el tema, que los antecedentes que tenemos de jurisprudencia, como el fallo Bazterrica de hace 31 años y el fallo Arriola de 2009, donde la Corte Suprema claramente solicita a los otros poderes, sobre todo al Legislativo, que no se criminalice más mediante las normas a los consumidores de sustancias, tampoco se avanzó en eso. También hay un bagaje internacional de declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos como también de organismos que son policíacos en lo que hace a la fiscalización de estupefacientes, que vienen diciendo que al consumidor no se lo debe ver como criminal porque a cualquier persona que es observada como un criminal o se autopercibe como un criminal el principal efecto es que no busque atención sanitaria si es que lo necesita”.

“Lo de Uruguay fue un golpe de mercado al narcotráfico”

Con respecto a la situación de Uruguay, el especialista destacó que “la política de Uruguay que estableció regulando la sustancia de mayor consumo a nivel país es una postura realista, sincera, a diferencia de otras posturas hipócritas como nuestras políticas de drogas o la mayoría a nivel regional”.

“Es el primer país del mundo que claramente regula una sustancia para varios fines como el industrial, médico científico y recreativo adulto. Porque la guerra contras las drogas llevada delante de modo represivo, punitivo, beligerante, militarizando, poniendo más radares y diversas cuestiones de control de la circulación de sustancias, viene fracasando desde hace 70 años”, aseguró. En ese sentido, recordó que la política de “guerra contra las drogas “fue impuesta por los países centrales donde empieza a observar el tema del consumo como una conducta disvaliosa para sus contextos y claramente relacionada con una postura de control social de determinadas poblaciones como la afrodescendiente, la mexicana, la china, la prohibición de la heroína y la cocaína para la población negra, la marihuana para la mexicana, el éxtasis o las sustancias de diseño o los ácidos respecto de la población hippie y el opio respecto a la población china”.

“La prohibición demuestra claramente que era una estrategia de control social de determinadas poblaciones prohibiendo determinadas sustancias. La prohibición no tiene nada que ver con la dañosidad de las sustancias, la adictividad de las mismas, etcétera. Eso está claro, es historia y tiene sus repercusiones. A diferencia de Uruguay, que tiene una postura sincera de decir no se puede controlar de esta manera el tráfico, lo que hace es lo que se llama un golpe de mercado al narcotráfico, legalizando el cannabis en manos del Estado, monopolizando la sustancia, controlando su calidad, a quién se le vende, en qué horarios, la necesidad de registrarse, diversos controles que hacen a una regulación integral”, describió.
“No es que las sustancias no existen y no existen los consumos sino que van en aumento en todo el mundo. Entonces toma una posición mucho más realista y sincera de monopolizar y controlar, sacarlo de manos del mercado ilegal y le damos un golpe de mercado”, puntualizó Fusero.

 

 

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