La diputada justicialista Viviana Damilano Grivarello ingresó el proyecto de resolución 3014/17 a través del cual repudia las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución N° 256 de 2017 del Ministerio de Energía de la Nación, que habilita a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a establecer un precio del Megavatio/hora de $640”.
Además, “expresa preocupación por la grave falta institucional de los Funcionarios Nacionales de Energía al reincidir en medidas arbitrarias y cuestionadas judicialmente” y su acompañamiento a las nuevas presentaciones de la Defensoría del Pueblo ante el Juzgado Federal 2, donde solicitó la ampliación del amparo y de la medida cautelar por la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución N° 256-E/2017 dictada en abril.
Copia de la resolución será remitida al presidente, Mauricio Macri y al gobernador Domingo Peppo.
“El nivel de aumento no se condice con la realidad económica de los chaqueños”
Respaldada en la presentación del ombudsman Gustavo Corregido, Damilano Grivarello planteó que el “objeto de la ampliación es frenar los efectos de la Resolución mencionada, con la que el Ministerio de Energía de la Nación habilita a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a establecer un precio más alto por MW/hora”. “El Defensor del Pueblo señaló que ni los usuarios residenciales, ni los comerciantes o empresarios pueden pagar tarifas con estos niveles de aumento, con valores que no se condicen con la realidad económica de los chaqueños”.
“El defensor aclara que la ampliación detalla que no se cuestiona los arts. 7 y 8 de la mencionada Resolución en cuanto disponen tarifa social y tarifa para las personas electrodependiente, necesarias para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan contar con energía eléctrica” replicó la legisladora que continuó citando la actuación del Defensor del Pueblo, quien “también pide que la Justicia ordene a la demandada que se abstenga del dictado de nuevas resoluciones y/o actos administrativos que importen incremento de la tarifa y que tengan sustento en las audiencias públicas cuestionadas en los amparos, hasta tanto se dicte sentencia”.
Por último, manifestó: “Es necesario mostrar respeto por las instituciones y mantener los pilares de la democracia aceptando la decisión judicial y no creando este tipo de artilugios que implican dictar nuevas resoluciones para desobedecer sentencias. No podemos permitir que la Nación nos siga sometiendo a arbitrariedades que perjudican el derecho de los chaqueños al acceso a la energía eléctrica”.
