Año X | EDICION 3591 Actualizado: 18:01
Resistencia, Sabado, 25 Octubre 2014

Por caballos sueltos en la vía pública

Barranqueras: el Municipio deberá pagar indemnización superior a los $ 230 mil

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada en 1999 por una motociclista que, en horas de la noche, atropelló a un caballo en plena vía pública y como consecuencia de ello estuvo al borde de la muerte.

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Municipalidad de Barranqueras

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia condenó a la Municipalidad de Barranqueras y a un particular a abonar una indemnización de 234.210 pesos. Es en concepto de daños y perjuicios a una persona que estuvo al borde de la muerte tras embestir con su motocicleta, en horas de la noche, a un caballo en una avenida de esa localidad portuaria.

 

La sentencia, a la que accedió CHACO DIA POR DIA, fue dictada el 28 de febrero pasado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones que integran los camaristas María Teresa Varela y Antonio Carlos Mondino en el marco del Expte. Nº4410/99 caratulado “Espíndola, Carlos Alberto C/Municipalidad de Barranqueras y Acevedo, Héctor Fabián y/o quien resulte responsable S/Daños y Perjuicios”.

 

El hecho

 

Según se detalla en la sentencia, el accionante se trasladaba en su motocicleta por la avenida San Martín de Barranqueras cuando –por la escasa iluminación en el lugar- embistió a un equino que se encontraba suelto en la mencionada avenida que conecta a esa localidad portuaria con la autovía Nicolás Avellaneda. Por el accidente, el conductor sufrió gravísimas lesiones que incluyeron fractura expuesta del hueso frontal, con pérdida prolongada de conciencia (coma III) durante tres semanas, herida desgarrada en región supraorbitaria que le produce deformación del rostro, con internación de más de un mes en terapia intensiva, con peligro de muerte durante la interacción por sepsis meningitis y bronconeumonía aspirativa, con secuelas de hemiplejía, lesión ocular izquierda grave, con un porcentaje de incapacidad total y permanente del 60%. Posteriormente, impulsó una demanda por daños y perjuicios en el año 1999 contra el propietario del equino y contra la Municipalidad de Barranqueras.

 

El Municipio, exonerado en primera instancia

 

En el fallo de primera instancia, el Municipio había sido exonerado de la responsabilidad y sólo se había condenado al propietario del caballo a pagar una suma de 119 mil pesos al damnificado. La jueza de primera instancia consideró que los fundamentos esgrimidos por el accionante se trataban de “normas genéricas tendientes a consagrar en el ordenamiento jurídico ciertos objetivos o aspiraciones políticas”.

 

No obstante, éste último apeló la sentencia alegando que la Municipalidad incurrió en “incumplimiento de sus deberes de poder de policía y omisión de actividades que le vienen impuestas por la ley Orgánica Municipal”. Asimismo, advirtió una violación a la Ordenanza General Tributaria e Impositiva Nº 1721 que establece la jurisdicción de la Municipalidad de Barranqueras respecto de los animales sueltos. Además, la sentencia de primera instancia le atribuyó a la víctima el 50 por ciento de la culpa por considerar que el hecho que “no advierta la presencia de un caballo denota cuanto menos desaprensión o desatención” y “…que no pueda sortear el obstáculo demuestra que iba a velocidad excesiva”, aunque, según el accionante, ninguna de estas cuestiones fueron acreditadas en la causa.

 

Omisión de la Municipalidad

 

En tanto, la sentencia de la Cámara de Apelaciones consigna que “no caben dudas que en el concreto caso existió una obligación de seguridad respecto de la Municipalidad de Barranqueras, y el propio acaecimiento del hecho dañoso demuestra la omisión de la Comuna demandada en el cumplimiento del deber específico que le correspondía”.

 

Al respecto, advierte que de la Ordenanza General Tributaria Nº 1.721 “deriva el deber de seguridad específico a cargo del Municipio de Barranqueras”. Y precisa que en la norma se establece un procedimiento a cargo del municipio por el cual debe retirar a los animales sueltos en la vía pública y trasladarlos al Corralón Municipal hasta tanto sean retirados por sus propietarios “para evitar los peligros que se derivaban de esa situación de riesgo”.

 

 

“El Municipio asumió ese compromiso, no en forma de aspiración abstracta o como una mera expresión de deseos sino mediante el dictado de una Ordenanza cierta, exigible, reglamentaria del procedimiento a seguir en la prosecución de los fines que inspiraron su dictado”, puntualiza la sentencia de los camaristas confrontando los fundamentos del fallo de primera instancia.