Año X | EDICION 4369 Actualizado: 22:41
Resistencia, Domingo, 11 Diciembre 2016

Convalidó una compra de tierras de propiedad comunitaria

Juez saenzpeñense falló en contra de una comunidad indígena

Se trata del magistrado de primera instancia Juan Zaloff Dakoff. Sentenció que la firma Bajo Hondo Agropecuaria SA pueda inscribir como propio un título de propiedad comprado a una asociación indígena. El juez debe resolver sobre un pedido de apelación

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Foto: Gentileza Diario Norte

El Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco negó la inscripción de un título de propiedad a una empresa cordobesa que compró casi 5 mil hectáreas de tierras de propiedad comunitaria indígena, transacción que se encuentra prohibida por ley provincial, por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y por los tratados internacionales a los que se encuentra adherida la Argentina, así lo informó el gobierno provincial el lunes 19 de marzo pasado. Sin embargo, en una sentencia de diciembre de 2011 el juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff había convalidado que la firma Bajo Hondo Agropecuaria SA pueda inscribir a su nombre el título de propiedad de esas tierras obtenidas en un dudoso procedimiento que se encuentra bajo investigación por parte de la justicia penal de Presidencia Roque Sáenz Peña. En los próximos días el magistrado deberá resolver si acepta como parte en la causa a un grupo de familias moqoit -que habitan y trabajan en esas tierras- que pretenden apelar el fallo. En la actualidad, la empresa habría abandonado las tierras en litigio.

El caso

En octubre de 2011, el presidente y el secretario de la Asociación Comunitaria Colonia LPA NA A QOM firmaron un boleto de compraventa en una escribanía de Quitilipi con representantes de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA cediendo dos predios de un total de 5 mil hectáreas en la zona conocida como Raíz Chaqueña en cercanías a Pampa del Infierno. Posteriormente, a principios de noviembre, la firma cordobesa inicia una demanda civil contra la asociación indígena en reclamo por la escrituración del título de propiedad. Los referentes de la asociación indígena que participaron de la transacción comercial admitieron ante la justicia civil el planteo de los compradores, y poco más de un mes después, el 13 de diciembre, el juez Zaloff Dakoff falló a favor de la empresa cordobesa habilitándola para obtener el título de propiedad de las tierras en una sentencia que contradice toda la legislación vigente sobre propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas.

Con el fallo judicial a su favor, la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA ocupó los territorios desalojando violentamente a sus pobladores y destruyendo las precarias instalaciones de las comunidades indígenas de la zona de Raíz Chaqueña. Días después, un grupo de mujeres de la comunidad moqoit que fuera desalojada de sus territorios comunitarios que habitan desde hace décadas presentó una denuncia penal por usurpación y daños contra la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA y solicitó constituirse en parte de la causa civil para poder apelar la decisión del juez Zaloff Dakoff que el magistrado debería resolver en los próximos días.

Vale recordar que a mediados de diciembre de 2011, el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano dependiente del Ministerio de Gobierno del Chaco-, Julio García, junto a los vocales moqoit del Instituto del Aborigen Chaqueño, Antonio Mocoví y Damián Salteño, viajaron a la zona del litigio para tomar contacto con las familias que habían retornado al lugar pero no pudieron hacerlo al ser amenazados con armas de fuego por los custodios que había dispuesto la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA.

El mensaje del Ejecutivo

El anuncio del gobierno provincial de que no inscribirá el título de propiedad a favor de la empresa cordobesa constituyó una clara señal de que el Estado chaqueño privilegia los derechos de los pueblos indígenas protegidos constitucionalmente y por tratados internacionales. Así lo destacó en contacto con CHACODIAPORDIA el abogado Gonzalo García Veritá, representante de las familias moqoit que solicitaron ser parte de la causa civil para poder apelar la decisión del juez Zaloff Dakoff. Marca el lugar que en la política pública tienen los pueblos originarios. No haberle inscripto tras una sentencia de un juez, tiene que tener sobrados argumentos. Hay que tener coraje y fortaleza de sostener a la propiedad comunitaria indígena, recalcó el letrado.

García Veritá relató que la participación de sus representados todavía no está resuelto, así como tampoco el pedido de apelación. Son terceros formalmente, explicó el abogado, e indicó que para poder apelar tienen que pedir el reconocimiento como parte. Hemos apelado formalmente solicitando al juez la intervención como terceros. No obstante, tanto la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA como la conducción de la Asociación Comunitaria LPA A NA QOM rebatieron esa solicitud.

El abogado consideró que el fallo del juez saenzpeñense reviste gravedad institucional por haber vulnerado derechos consagrados de los pueblos originarios. En ese sentido, subrayó que ninguna norma civil puede estar por encima del derecho a la propiedad comunitaria indígena. Por otro lado, García Veritá destacó que el reclamo de la comunidad indígena afectada continuará por las vías institucionales. La tierra indígena se va a defender por los medios de la democracia, subrayó el letrado, señalando que la sentencia se ataca por la vía del Código Procesal Civil, la apelación y constituirnos en parte. "Con esta sentencia el juez no solo desconoce toda la legislación sobre la materia sino la misma progresividad de los derechos humanos y de los pueblos indígenas", manifestó.

La sentencia

En la sentencia publicada el 13 de diciembre de 2011, en el marco del Expediente 1853/11 BAJO HONDO AGROPECUARIA S.A C/ASOCIACION COMUNITARIA COLONIA LPA A LA QOM S/ESCRITURACION, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº2 de Sáenz Peña, Juan Zaloff Dakoff, resolvió tener a la demandada Asociación Comunitaria Colonia LPA A NA QOM por allanada a las pretensiones de la actora, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Bajo Hondo Agropecuaria SA.

El magistrado consideró que como la Asociación Comunitaria Colonia LPA A NA QOM obtuvo su título de propiedad comunitaria el 14/10/91 de acuerdo al artículo 11 de la ley 3258 (Comunidad Indígenas) que prohibía vender las tierras en un plazo de veinte años que se habrían cumplido en octubre de 2011 no existe impedimento legal alguna para que se pueda hacer transferencia de los inmuebles.

Más adelante, el juez reconoce que en 1994 se sancionó la nueva Constitución Provincial que en su artículo 37 reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas y el 25/06/08 se sancionó la ley 6.166 que modificó la 3258- que consigna que las tierras adjudicadas a las comunidades indígenas no podrán ser embargadas, enajenadas ni constituirse sobre ellas garantía alguna, ya sea por acto entre vivos o disposición de última voluntad, bajo pena de nulidad absoluta.

Sin embargo, en su sentencia el magistrado Zaloff Dakoff consigna que la incorporación de esta reforma no previó que el nuevo artículo 11de Ley 3.258 se aplique de manera retroactiva, por lo que no existe impedimento legal alguno para que se pueda hacer la transferencia de los inmuebles cuyos títulos fueron otorgados en vigencia del art. 11 originario de la Ley 3.258.

En todo caso, la norma debió específicamente prever su aplicación retroactivamente, por lo que no podemos apartarnos del principio general de las leyes que no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario (Art. 3 del Código Civil), agrega.

Es por ello que las reformas posteriores a la redacción originaria del art. 11 de la ley 3.258, no afectan la posibilidad de llevar adelante el acto jurídico de compraventa, sumado a que en el propio título de propiedad se transcribió la imposibilidad de transferir por veinte (20) años, habiendo ya transcurrido dicho plazo, sostiene el fallo del juez saenzpeñense.