| Año III · EDICION N° 1966

Actualizado 13:38

Miguel Garrido

"Las declaraciones de Vallejos subestiman a la ciudadanía"

El asesor legal de Gobierno, respondió a cada una de las acusaciones del legislador aliancista dichas "a través de la teoría del caos y desprestigiar al gobierno, omitiendo principios constitucionales esenciales".

El funcionario consideró que los dichos del diputado Sergio Vallejos, de la Alianza Frente de Todos, "dejan manifiesta la intención de confundir a la comunidad a través de la teoría del caos y desprestigiar al Gobierno, omitiendo principios constitucionales esenciales".

El asesor general de Gobierno, Miguel Armando Garrido respondió las declaraciones que en varios medios de comunicación realizó el diputado provincial, Sergio Vallejos, señalando que “sus dichos agreden la inteligencia de los ciudadanos”.
En este sentido, objetó la intención de Vallejos de poner en manto de duda, algunos puntos que rozan al Gobierno provincial, inmiscuyendo temas al Ejecutivo, sin fundamentos y con el único objetivo de confundir a la opinión pública.

“Bajo la teoría del caos, Vallejos pretende confundir a la comunidad, omitiendo principios constitucionales esenciales, contemplados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, explicó. El abogado del Gobierno advirtió que siempre que hubo una mínima sospecha de irregularidad, el Ejecutivo provincial fue el primero en investigar a fin de esclarecer hasta el último detalle, acción que contradice las acusaciones infundadas del diputado radical.

Respuestas, una por una.
Garrido respondió detalladamente cada una de las acusaciones mencionando en primer lugar el pedido de informe sobre la denuncia realizada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
“Vallejos pide informes sobre algo que ya está en la esfera judicial, es decir en manos de la fiscalía pertinente y oportunamente del juez natural, conforme lo ordena la Constitución”, señaló Garrido.

Vallejos también acusó a San Cristóbal de ser “un tentáculo del Gobierno”. En este sentido, el funcionario respondió que “se emite un juicio de valor sobre el ex – legislador, función en la que nada tiene que ver el gobierno provincial, dado que su actuación se da en la órbita del Poder Legislativo”.

En una tercera cuestión, Vallejos habla sobre las irregularidades en el manejo de las tarjetas alimentarias durante la gestión del ministro Aldo Leiva. En este aspecto, el letrado describió las actuaciones realizadas desde Poder Ejecutivo mencionando que “se corrió vista a la Fiscalía de Estado como Organismo de Control Interno determinado en el Artículo 172 de la Constitución Provincial; y al Tribunal de Cuentas en su carácter de Organismo de Control Externo según el Artículo 177 de la Constitución Provincial”.
Por otra parte, Garrido afirmó que “por orden del gobernador, los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo fueron quienes realizaron la denuncia penal”.

Sobre una denuncia, sin causa penal.
En sus declaraciones en los medios, Vallejos acusa que desde el Gobierno “se evita” responder sobre algunos temas. Afirma que el Gobernador “no fue nunca a aclarar las acusaciones de su esposa”, sobre las que él había realizado una denuncia.
El hecho es totalmente “infundado”, señaló Garrido. El Gobernador no se presentó a la Fiscalía donde se encuentra la denuncia de Vallejos, sencillamente porque no existe causa penal abierta, requisito indispensable para realizar tal presentación.

“Tal vez Vallejos debió cerciorarse que su denuncia no procedió (Artículo 317 del Código Procesal Penal) en la Fiscalía interviniente. Sin embargo y sin existir acusación alguna, el señor Gobernador, solicitó el archivo de las actuaciones, fundado en razones de inexistencia de hecho típico, antijurídico y culpable (Artículo 332 del Código Procesal Penal)”, graficó Garrido.

Además aclaró que el Gobernador no fue acusado de delito alguno, por ende el Principio de Inocencia es total, y así lo ratifica la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 26 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11, inciso primero. Según Garrido, éste último punto plasma el objetivo de Vallejos de confundir a la sociedad, con declaraciones infundadas y carentes de sentido.

Por último, Vallejos acusa que cuando el diputado señala que “al Gobierno le conviene volcar la atención de los medios y la sociedad esquivando hechos de corrupción”, realiza una generalidad que afecta a la lógica jurídica e institucional.
En este sentido, el funcionario provincial recordó que todos los expedientes de Gobierno pasan por los organismos pertinentes (de control interno y externo) y en caso de irregularidades, se realizan las informaciones y/o sumarios administrativos pertinentes. “Y si el caso lo amerita se realiza la denuncia penal pertinente, por órdenes precisas emanadas del Poder Ejecutivo”.

Se violó el derecho a la reputación del Poder Ejecutivo.
El asesor legal, recordó a Vallejos que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo del Derecho de Petición, se esgrime que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general o de interés particular y de obtener pronta resolución”.
No obstante, Garrido aseguró que “el estilo” del diputado Vallejos, lejos de ser respetuoso, es altamente agraviante y afecta de manera consideradamente el derecho a la reputación del Poder Ejecutivo y de los funcionarios que honestamente ejercen sus funciones institucionales, derecho que está fundamentado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica".