Tironeado, Fernández esboza su pacto social post-pandemia

Alberto Fernández sueña con que la nueva normalidad económica se desenvuelva como empezó a hacerlo en la industria automotriz. Aunque la pandemia obligó a frenar inicialmente las líneas de montaje y 2020 ya se perfila como el año de menor producción desde 2003, varias terminales ya volvieron a un ritmo parecido al habitual y algunas hasta proyectan superarlo este mes.

Alejandro Bercovich, periodista político y económico.

Por Alejandro Bercovich

Todo sin que se haya roto en ningún momento la paz social entre los sindicatos y las multis de rubro, con los operarios mayores de 60 años en sus casas, aislados pero cobrando sus quincenas puntualmente, y mientras el Estado asiste a las fábricas de autopartes con créditos subsidiados para reemplazar piezas importadas por otras estampadas acá.

Es casi un informativo de Sucesos Argentinos. Una postal de la comunidad organizada que haría sonreír incluso a opositores circunstanciales nostálgicos de aquella época, como Miguel Pichetto o Guillermo Moreno. El problema, claro, es que abarca apenas al 5% de los obreros de la industria. Es decir, un 0,5% de la fuerza laboral argentina.

El resto del aparato productivo abarca toda la gama de grises hasta el pozo negro donde 9 millones de informales, precarizados, changarines y desocupados sobreviven como pueden con los $10.000 cada vez más espaciados del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Y es ahí donde el afiche idílico del primer peronismo empieza a ajarse y la armonía a resquebrajarse, con tomas desesperadas de tierras en los conurbanos pobres y súplicas de médicos y enfermeros que advierten sobre el inminente colapso del sistema sanitario.

El acto de este jueves en El Palomar, donde el Presidente inauguró la línea de ensamblado del nuevo Peugeot 208, lo mostró incluso junto a un intendente macrista como Diego Valenzuela, como si la grieta no se hubiera asomado apenas un día antes al abismo de las dos sesiones paralelas en la Cámara de Diputados. Y no fue algo aislado. Toyota ya había puesto en marcha su segundo turno de montaje a fines de julio y Ford anunció esta semana que hará lo propio con su planta en Pacheco.

La japonesa exporta la Hilux y la SW4 desde Zárate hacia toda Latinoamérica y el Caribe y nunca barajó dejar de hacerlo, pero Ford había inquietado a Matías Kulfas cuando le anticipó que estudiaba su continuidad en el país. Finalmente anunció un plan de inversiones millonario y hasta prevé incorporar a 220 operarios.

¿Por qué no podría replicarse su modelo en otros rubros fabriles o en otros sectores de la economía? Por empezar, por la propia dinámica del coronavirus y lo cara que resulta su extrema contagiosidad. Las terminales automotrices coordinaron con SMATA un plan de hisopado masivo que permitió testear a más de 10.000 operarios antes de que volvieran a sus puestos. Costó 80 millones de pesos, que financiaron en partes iguales el gremio y las compañías.

Un sistema que, más allá de casos puntuales, funcionó mucho mejor que las “burbujas” de Boca o del PSG. Y que evitó situaciones como la de Mondelez, donde ya hay 176 casos. O extremos como el de Ledesma, donde se desencadenó el brote que tiene en vilo a todo Jujuy.

¿Alguien imagina a todas las empresas del país invirtiendo ese dinero en hisopar a su personal? ¿A los medios de comunicación, por ejemplo, que nunca interrumpieron su labor y que tienen tasas de infección muy por encima de la media nacional? ¿Acaso podrían aportar esos kits de detección sindicatos sin representatividad alguna pero con personería gremial, como la UTPBA?

Dicho sea de paso ¿a quién benefició la Corte Suprema con su fallo de ayer, que ratificó que solo esos gremios con personería pueden negociar convenios colectivos de trabajo? ¿A una parte de la cúpula incombustible de la CGT o a los empleados bajo convenio que ya transitan el tercer año consecutivo con los sueldos derrotados en su carrera contra la inflación?

Frenemies

Aunque sigue en guardia contra la reforma judicial, quizá el favor de la mayoría de la Corte que asestó un golpe tan fuerte a la pluralidad sindical haya sido para Olivos. La devaluación salarial es el principal aliciente que ven hoy las multinacionales para invertir en Argentina.

Y es la otra pata de la reactivación nestorista con la que fantasea el Presidente: que vuelva la supersoja a caballo del dólar débil que amaga con mantener la Reserva Federal y que los sueldos en dólares “atraigan inversiones”. Es decir, que se mantengan módicos por un tiempo.

Los que no parecen tentarse aún con los sueldos bajos en dólares son los capitanes de la industria nacional. ¿Por qué, si no, se habrían abroquelado como lo hicieron en contra de un impuesto a las grandes fortunas que no afecta a la porción de sus patrimonios invertida en empresas y que se paga solo en 30 días? ¿No es el 2% con el que proponen gravarlos Máximo Kirchner y Carlos Heller la tasa de devaluación mensual promedio que toleró hasta ahora Miguel Pesce?

Si el 70% de esas fortunas está en dólares o en activos en moneda dura, como consta en los registros de Bienes Personales de la AFIP ¿no alcanza con esperar un mes para saldar el Aporte Extraordinario con la diferencia cambiaria y después jactarse de tal arrojo solidario? ¿O apostarán a una devaluación más brusca?

El Presidente está resignado a que – además de la Corte – deberá lidiar con otros “frenemies”, como se llama en inglés a los amigos que se recelan como enemigos. Uno de ellos es el grupo Clarín. Aunque esperaba un trato más comprensivo para su primer año de gestión en los medios del holding tras haberse reunido con Héctor Magnetto en plena campaña, no fueron sus portadas incendiarias de las últimas semanas ni la agitación cotidiana de los conductores de TN las que lo llevaron a asestarle al multimedios el golpe del DNU que recategorizó como servicio público a la telefonía celular, la TV por cable e internet.

“Yo en eso sí que pienso distinto que Cristina. Por mí que escriban lo que se les cante el culo”, les confesó esta semana a sus íntimos. Y precisó que no planea discutir su línea editorial ni poner a ningún funcionario a romper diarios en público. Cree que Clarín ya no es siquiera un grupo de medios sino una megacorporación diversificada que incluye medios. Y que un gobierno, para regular a una megacoporación, dispone de DNUs, decretos simples y resoluciones. En otros términos: más Vilma Ibarra y menos Martín Sabbatella. Más congelamientos de tarifas y menos cláusulas sobre pluralidad de voces.

Lo que convenció a Fernández de dictar el DNU que enfureció a Clarín fue la intransigencia de Personal – parte del grupo – en la discusión del aumento de tarifas de celulares tres días antes. Justo coincidió con la idea de Horacio Rodríguez Larreta de hacer volver a las aulas a 6.000 chicos porteños sin conexión a internet.

El Presidente llamó entonces a Axel Kicillof y le preguntó cuántos bonaerenses estaban en esa misma situación. El gobernador respondió que más de un millón. Inmediatamente sonó el celular de Gustavo López. Era Fernández para pedirle que se reuniera con Vilma Ibarra y congelara las tarifas de conectividad. Y que no le contara nada a su jefe en los papeles, el massista Claudio Ambrosini, para que no se tentara con filtrarlo.

Asfalto y millones

Desde Olivos advierten que puede no ser el último golpe. Advierten que Mauricio Macri benefició al mismo conglomerado cuando le exigió a Elisa Carrió eliminar un artículo de su ley antimonopolios de 2018 que establecía a partir de qué porción del mercado se consideraba que una compañía incurría en posición dominante. Y que eso podría revertirse.

En definitiva, que el Estado puede cambiar algunas reglas y hasta proponer reformas de leyes, pero que su objetivo tiene que ser de mercado: fortalecer a los competidores de quienes ya le ganaron una vez la batalla cultural a una pata del trípode oficialista.

Con la patria contratista también hay tensiones y acercamientos. El viernes pasado Fernández decidió sacarle a la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca el manejo de los seis corredores viales con participación público-privada (PPP) y se la encargó a dos funcionarios que sugirió Sergio Massa para Vialidad, que reemplazaron a su vez a dos renunciantes que respondían a Gabriel Katopodis, tan desgastados tras un semestre de tratativas infructuosas como su jefe de asesores, Gerardo Otero. La gota que rebalsó el vaso fue la pelea de uno de los contratistas, Hugo Dragonetti (de Panedile, asociado a Eduardo Eurnekian) con el subsecretario del área.

El lunes, la negociación pareció encarrilarse. “Confíen en nosotros, vamos a resolver esto razonablemente”, les pidió Katopodis a representantes de los concesionarios vía Zoom. Los contratistas aspiran a seguir operando los corredores por uno o dos años, para hacer una “transición ordenada” hasta devolverlos a Vialidad.

También reclaman que el Gobierno use para contratarlos a ellos los $11.000 millones que ya se acumularon en el fideicomiso para las obras PPP donde gotea mensualmente una parte del impuesto a los combustibles. ¿Qué ofrecen? Evitar el escándalo de juicios internacionales al que dejó expuesto al Estado el sistema que importaron Guillermo Dietrich y Luis “Toto” Caputo.

Para que todo ese yenga de la post-pandemia no se derrumbe, por supuesto, falta la venia de Kristalina Georgieva. Por eso Martín Guzmán sorprendió el lunes al anunciar que el acuerdo al que llegue con el Fondo va ser enviado al Congreso. Lo terminó de acordar en los 40 minutos que pasó a solas con el mandatario antes del anuncio oficial con Cristina y Massa.

Es una apuesta doble contra sencillo. Se expone a que el macrismo bloquee la refinanciación, pero confía en que le resultaría indefendible hacerlo después de los resultados de su propia gestión. ¿Será?

VIAPublicado en Bae Negocios
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