Fiscal apeló el acuerdo del Gobierno con la Guardia Whasek y quiere criminalizar a dirigentes indígenas

El fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, apeló el acuerdo alcanzado entre el gobierno del Chaco y la Guardia Comunitaria Whasek ante el juez federal de esa localidad y quiere avanzar con la investigación de los presuntos delitos cometidos por dirigentes del pueblo wichí que integran esa organización.

El fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, impugnó el histórico acuerdo alcanzado entre el gobierno del Chaco y la Guardia Comunitaria Whasek Wichí en la sede del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y pretende avanzar con las imputaciones contra los dirigentes de esa organización indígena que, tras la firma de un convenio, se reconvirtió en una guardia ambiental en la zona de El Impenetrable chaqueño renunciando al uso de armamento y vestimenta militar. Ahora, el juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, deberá evaluar si acepta el recurso y lo eleva para su consideración a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Presentación de la Guardia Ambiental Whasek

En su presentación ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, el fiscal Amad recordó que ya se había manifestado en contra de la audiencia convocada por el juez federal de la que participó el gobernador Jorge Capitanich en la que se suscribió el acuerdo con los integrantes de la Guardia Whasek. En el marco del acuerdo, el gobierno del Chaco había manifestado su voluntad de desistir de la pretensión punitiva respecto de los hechos investigados contra miembros de esa organización indígena.

En ese contexto, el fiscal Amad consideró que la conciliación “es un instituto que debe ser propuesta sólo por el Ministerio Público Fiscal, el dueño de la acción, no el Gobernador ni el Juez, ergo, mal pueden prorrogar el plazo para evaluar si insta o no la acción penal pública”. La apelación apunta a la decisión del Juzgado Federal de Sáenz Peña de aplazar por doce meses el avance de la investigación de los presuntos delitos cometidos por miembros de la Guardia Whasek en la medida en que se diese cumplimiento al acuerdo con el gobierno chaqueño que, a su vez, se comprometió a una serie de medidas reparatorias de las demandas históricas del pueblo wichí.

El fiscal Amad, quién insiste en perseguir penalmente los presuntos delitos cometidos por los dirigentes indígenas, argumentó que “la injerencia del Gobernador en el acto conciliatorio pudo haber surtido efectos y tal como se plasma en el acuerdo que suscribieron las partes, como una promesa o expresión de deseo de políticas criminales tendientes a resolver un problema social, cual es la seguridad que reclaman los representantes de la etnia en su territorio, pero de ninguna manera ello implica que no se hayan cometido delitos que deban ser investigados y castigados por el Estado”.

“En el caso de autos se está analizando qué responsabilidad le cupo a los imputados en diversos delitos de gravedad institucional como es el caso del delito de sedición, entre otros y que afectan bienes jurídicos de gran importancia en lo que hace al interés del Estado en la protección de esos derechos, y lejos de hacer eso, el Juez aceptó un acto inexistente como lo es el desistimiento de la pretensión punitiva expresada por el gobernador, violando de ese modo todo tipo de legislación existente”, recalcó en su escrito del funcionario del Ministerio Público Fiscal.

 

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