Comenzó el ciclo de charlas sobre violencia institucional, responsabilidad estatal y Pueblos Indígenas

A través del sistema virtual - y que tuvo la participación a 537 participantes - se llevó a cabo la primera de tres jornadas del ciclo de charlas referido a violencia institucional, responsabilidad estatal y pueblos indígenas, que tuvo como oradora en el primer panel a Iride Isabel María Grillo, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

La actividad es organizada por Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, la Comisión provincial por la memoria de La Plata – mecanismo de prevención de la tortura de Bs As) y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura). Tiene el acompañamiento de la Secretaria de DD.HH. y Genero del Chaco y la Comisión de DD.HH. de la cámara de Diputados de la Provincia del Chaco con el auspicio de Librería Editorial Contexto y Fundación Formarte.

La conferencia de apertura estuvo a cargo de Silvio del Balzo (presidente del Comité contra la Tortura del Chaco), Silvana Pérez (secretaria de DD.HH. Y Géneros), Juan Carlos Ayala (diputado provincial), Roberto Cipriano (secretario de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires) y Juan Manuel Irrazábal (presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura).

Del Balzo señaló que el objetivo de este encuentro es “generar un espacio amplio y serio de discusión”, pidió consolidar “una participación amplia para disminuir los niveles de violencia institucional e insistió que “existe una persecución racial y discriminación desde distintos sectores del Estado”.

Luego, Pérez, recordó: “hemos tenido en Chaco y Argentina hechos de violencia institucional significativos en este tiempo” y consideró “importante que esto se pueda visibilizar”, al tiempo que bregó por tener una “actitud crítica hacia la violencia institucional”y enfatizó la necesidad de dar “un tratamiento integral de las violencias”.

A su turno, Ayala, recalcó que “la violencia institucional tiene una larga y trágica historia en nuestro país” y, en este sentido, aseguró: “el Estado debe ser ejemplo de paz y de no violencia. “Las reglas y protocolos impuestos en un Estado democrático. Las fuerzas de seguridad deben proteger a la sociedad, pero no a cualquier costo, sino respetando la ley”, explicó. Finalmente convocó a trabajar juntos los tres poderes para “la plena vigencia y efectividad de las normas referidas a DD.HH. y pueblos indígenas”.

García, por su parte, subrayó que el objetivo de los organizadores es “generar debates en torno a temas trascendentales de la vida en sociedad” porque “”estamos ante un problema grave. Estructural”. Más adelante valoró que el Chaco fue el primero en constituir un Comité de Prevención de la Tortura y puntualizó: “la forma en que se organizó fue virtuosa”. “Es muy valorable lo que hizo el Chaco en materia de DD.HH.”, concluyó.

Finalmente, Irrazábal, recordó que desde el CNPT “estamos trabajando en alternativas que permitan salir de la actual situación”. “Nuestra tarea es de prevención… siempre ponemos atención en los grupos vulnerables”, agregó. En otro pasaje de su disertación señaló que la situación actual “nos pone de cara a la interculturalidad y esta nos interpela como sociedad”. “Tenemos que buscar alternativas de mediación de conflictos que no sean la fuerza coercitiva del Estado”, finalizó.

Haciendo Justicia desde adentro

Luego se desarrollo la primera charla bajo el tema “Haciendo justicia desde adentro. Abordaje socio-jurídico a los pueblos indígenas de la provincia del Chaco que tuvo como coordinador a Egidio Garcia del CPTCh y las exposiciones de Iride Isabel María Grillo, Gonzalo García Veritá (Juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli) y Gustavo Palmieri (integrante del CELS y el CNPT).

Grillo analizó el acceso a Justicia y acceso a la Justicia de los pueblos indígenas “las diferencias que lejos de alejarnos deben acercarnos cada vez más”.

Luego realizó un minuto de silencio “en memoria de Damián El Salteño referente luchador del pueblo Moqoit fallecido ayer y de hombres y mujeres que lucharon a través de la historia por la realización de los derechos humanos y la realización en términos de operatividad efectiva y real, trascendiendo a los discursos, por la causa indígena”. Y se dirigió a los pueblos indígenas “para que sepan que aquí estamos para ustedes, siéntanos cerca.

“Este ámbito es un ejemplo de acceso a justicia como derecho humano y que excede y trasciende al acceso a la Justicia”. A lo que sumó “no más a colocarnos en una situación de hegemonía o de poder que califique a nuestros pueblos indígenas como grupos vulnerables y determine desde esas relaciones de poder lo que ellos quieren hacer, reconociéndolos como sujetos de derechos. No son grupos vulnerables, son pueblos indígenas argentinos, como establece la Constitución. Vulnerables somos quienes por ignorancia o porque no podemos o no queremos nos reconocemos como sus aliados y pretendemos adoptar actitudes paternalistas”. Hay pasos y logros importantes pero es mucho lo que nos queda por hacer “y son ellos quienes deben decirnos lo que debemos saber y lo que debemos hacer”.

“Cuando abordamos la cuestión de las violencias institucionales, es necesario tener presente desde la perspectiva sociológica por lo menos cuatro cuestiones centrales para ver cómo estamos institucionalmente: el grupo de personas que integramos una institución (el elemento humano); los bienes materiales e inmateriales con que contamos, el aspecto organizacional y, por último, las conductas, los rituales, modos de pensar, de decir y hacer y de ser sobre la cuestion indígena.

También dio testimonio de su experiencia como abogada docente y como integrante del Poder Judicial desde un juzgado de primera instancia y a partir de su incorporacion al STJ, a través de los amparos colectivos repasó la evolución de la presencia del derecho indígena y su importancia en la currícula universitaria y resaltó la creación de la cátedra libre de Derecho Indígena “Ricardo Althabe”.

Como también la puesta en funcionamiento del Juzgado Miltifuero de Nueva Pompeya, presencia de los auxiliares de la justicia como traductores e intérpretes, en todas las circunscripciones, incorporación de Elizabet González y referentes en las distintas cabeceras e itinerantes, destacando que aún faltan en Sáenz Peña y General San Martín, coordinación desde la que pudimos aprender y acceder a tantos lugares a los que no podíamos llegar y garantizar que accedan, las capacitaciones judiciales junto a la cátedra libre.

En tanto que García Veritá se refirió al acceso a la Justicia de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT y adolescentes indígenas y la justicia penal juvenil en reemplazo a la violencia institucional contra pueblos indígenas, cifras y razones.

Veritá aseguró que “existe un nuevo paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes”. En este sentido mencionó que “la Convención de los Derechos del Niño que fue el primero en referirse a niños, niñas y adolescentes indígenas; y que la Convención Americana de DD.HH. Reconoce a la sociedad, el estado y las familias como el trípode para garantizar estos derechos”.

“El convenio 169 de la OIT establece el estándar jurídico mas importante sobre pueblos indígenas, mas refinado e imperativo. Hace un aporte a la educación intercultural… la OG 11-CN es un instrumento de softlaw que nos propone un marco interpretativo a la Convención de Derechos del Niño y especialmente destinado a los derechos indígenas”, detalló.

Asimismo, señaló que la OG11 “se refiere a la justicia penal juvenil en 4 puntos: tasa de encarcelamiento, justicia indígena, derecho a ser oído, formación apropiada de los agentes estatales”. Y resaltó la política publica del poder judicial del Chaco en el vínculo con los pueblos indígenas y en especial el cuerpo de traductores intérpretes.
Finalmente pidió abordar el interes superior de niños, niñas y adolescentes “como una dimensión colectiva”.

Mientras que Palmieri analizó el protocolo facultativo de prevención de la Tortura y sus principios; y el hostigamiento policial en contexto de pandemia. “Chaco tiene una tradición importante en términos de derechos humanos. Quizás por las tragedias que padeció”.

“Debemos tomar estas violaciones a DD.HH. y a partir de ahí generar políticas para evitar que eso se repita. Ese es nuestro compromiso”, subrayó.

Respecto al tiempo de pandemia explicó que se centraron en el análisis de tres aspectos: que iba a pasar con las cuestiones de violencia institucional (“vimos que se agravaron las condiciones”), la continuidad de practicas de violencia institucional o policial “que ya existían y que ahora se visibilizaron” y la oportunidad de “buscar otras formas de relación de las fuerzas policiales con el Estado y la sociedad”.

También pidió “no hablar de sectores vulnerables o minoría, sino sectores a los que el resto del sistema desprotege”. Finalmente se refirió al protocolo facultativo, al que “lo interpretamos en dos principios: el de control y de promoción de prácticas diferentes que prevengan la tortura” y reflexionó: “es necesario seguir modificando las instituciones policiales “.

Próximas jornadas

La actividad continuará el miércoles y jueves 23 de julio desde las 17 y podrá seguirse de manera gratuita a través de la plataforma educativa de la Fundación Formarte (www.fundacionformarte.com.ar).

La segunda charla versará sobre “políticas de criminalización que profundizan las brechas de género” con las exposiciones de Elizabet González (Medidas de protección y reparación a las víctimas; y las mujeres qom en la justicia patriarcal occidental. Dificultades y discriminación), Silvana Pérez (victimología y violencia institucional; y El daño psicológico a las víctimas de V. I. Las torturas sexuales) y Dora Barrancos (La criminología feminista y el feminismo popular. Vulnerabilidad social y económica en razón del género; y violencia institucional hacia las mujeres, diversidades y disidencias. La moderación estará a cargo de integrantes del CPTCh.

En la última jornada el tema será “profundización de políticas públicas de prevención de torturas y malos tratos, control convencional y constitucional”. Las exposiciones correrán por cuenta de: Gladis Cristaldo (informe de iniciativas legislativas con trámite parlamentario tendientes a abordar, sancionar y erradicar la violencia institucional en el Estado provincial; y proyecto de ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (P.L. 4401/18)), Diego Lavado (proyectos de reforma al tipo penal de tortura; y mecanismos de Prevención de la tortura. Sistema Nacional. Funcionamiento) y Daniel Rafecas (crímenes de torturas en un Estado de Emergencia Socio-Sanitaria; y el tipo penal de tortura. Tortura sexual. Concursabilidad. Penas ilícitas: compensación del castigo).

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