La pandemia no debe restringir los derechos de las mujeres

La pandemia de COVID-19 alteró el funcionamiento de nuestra vida cotidiana en diversos aspectos. El más notorio, quizá, sea cómo llevamos adelante nuestras rutinas. Pero detrás de las alteraciones diarias más visibles hay otros impactos que no pueden desconocerse: uno de ellos es el que se observa en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Por Mariela Belski *

Es esperable que en un contexto como el actual, encontrar una nueva “normalidad”, incluso en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, pueda llevar un tiempo, pero la respuesta debe ser rápida de parte de los Estados sobre todo en situaciones como acceso a los anticonceptivos, aborto y violencia intrafamiliar.

Contener la pandemia crea desequilibrios en los servicios de salud, interrupción de algunas prestaciones y redistribución del escaso personal sanitario para atender la emergencia. Sin embargo, y aunque el sistema de salud en su conjunto (público-privado) deberá dar respuesta, es el diseño de políticas públicas el que debe guiar la coordinación.

En nuestro país, la cuarentena administrada supuso la creación de ciertas excepcionalidades para que algunas personas puedan circular con relativa libertad con el objetivo de garantizar servicios fundamentales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la salud sexual y reproductiva como servicio esencial y prioritario aun en el marco de las medidas de excepción.

En el contexto de aislamiento muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir sus tratamientos anticonceptivos por temor a acudir a los servicios de salud ya que desconocen si este supuesto se encuentra dentro de las causales que justifican la circulación.

Por este motivo, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen la facultad de administrar localmente la cuarentena, deberían asegurar la difusión y acceso a información de la población sobre la atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia y la posibilidad de circulación de aquellas personas que salgan a los fines de acceder a métodos anticonceptivos, anticoncepción oral de emergencia o bien para acceder al aborto legal.

En materia de aborto, desde que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en algunas provincias se encontraron numerosas obstrucciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Pero los problemas no terminan ahí. El suministro global está sufriendo serios problemas en el marco de la Covid-19 y esto podría afectar la disponibilidad de misoprostol y métodos anticonceptivos. Por eso, si algunos de los componentes de la cadena de producción provienen de laboratorios extranjeros, puede ser el momento oportuno para invertir y desarrollar capacidad interna para su producción nacional, fortalecer las cadenas locales e identificar proveedores alternativos, pues un faltante podría devenir en un incremento de las infecciones de transmisión sexual, embarazos no intencionales y abortos en condiciones inseguras.

El contexto en el que estamos inmersos es incierto pero tenemos la obligación de trabajar contrarreloj desde todos los sectores para encontrar soluciones. El primer paso es diagnosticar para identificar los problemas y a partir de allí trazar una estrategia para encontrar la forma de resolverlos. Conviene destacar el rol primordial del Estado a la hora de diseñar políticas públicas para lidiar y gestionar una nueva “normalidad” que en algunos aspectos será temporal y en otros, permanente.

Para ello resulta indispensable que las medidas que se adopten en el contexto de la pandemia tengan en cuenta el impacto diferenciado de la crisis sanitaria para mujeres, ya que de lo contrario nos enfrentaremos a un aumento en la mortalidad materna y neonatal, escasez de métodos anticonceptivos, un incremento en las necesidades insatisfechas para la planificación familiar, embarazos no intencionales en la adolescencia, y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual.

 

(*) Mariela Belski es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina