El silencioso colapso del Impenetrable Chaqueño

Quien recorra los 200 kilómetros desde Tartagal a Santa Victoria Este en el este de Salta, o desde Pampa del Infierno a Fuerte Esperanza en el oeste de Chaco, encontrará los mismos dolorosos contrastes. Por decenas de kilómetros se abre a un lado y otro del camino un mar de monocultivos que se pierde en el horizonte.

Aprovechamientos forestales ilegales en Misión Nueva Pompeya. (Chaco)

Por Matías Mastrángelo *

Al estremecedor silencio del paisaje vacío de habitantes sólo lo interrumpe el ruido de gigantes máquinas. Las sembradoras colocan las semillas transgénicas, las fumigadoras vierten los pesticidas, las cosechadoras juntan los granos y los camiones se llevan los frutos de estas tierras hasta los barcos que las transportan a Europa o Asia. Mientras, desde tierra adentro vienen más camiones con ganado, y desde más adentro más camiones, esta vez cargados con troncos de quebracho colorado, algarrobo y palo santo.

Más allá de las tierras desmontadas de las grandes fincas, aparecen las casas y pueblos como Santa Victoria Este, donde en estos días han muerto niños wichí por desnutrición. Nada de la riqueza de estas tierras queda en esas casas ni en esos pueblos, y a sus habitantes se les hace cada vez más difícil conseguir suficiente alimento y agua. Así es como allí donde se producen enormes cantidades de granos y carne se registran los mayores niveles de pobreza y desnutrición del país.

Estos recorridos de dolorosos contrastes son la entrada al Impenetrable Chaqueño, una región de gran diversidad cultural y biológica amenazada por la expansión de la agricultura y ganadería empresarial. El Impenetrable albergaba 6 millones de hectáreas de bosque nativo en el noroeste de Chaco, este de Salta, norte de Santiago del Estero y oeste de Formosa, una superficie equivalente a 3 veces la provincia de Tucumán y 30 veces la Capital Federal.

Su nombre se origina en la gran dificultad que tuvieron los europeos para atravesarla, debido a su densa vegetación y la escasez de agua. Hasta el día de hoy, comunidades wichí y qom habitan esta región en cercanía de los errantes ríos Bermejo, Teuco y Bermejito, y si bien su forma de vida ha cambiado mucho, siguen usando el bosque nativo como fuente de recursos.

Desde hace más de un siglo, conviven con familias criollas dedicadas a la cría de ganado vacuno y caprino. Hasta hace unos pocos años, mientras tierras vecinas más húmedas y accesibles seguían siendo desmontadas y “pampeanizadas”, las tierras del Impenetrable no resultaban tan atractivas para empresarios e inversores por su torridez y aislamiento. Así, se convirtieron en una de las últimas esperanzas para la conservación de la biodiversidad Chaqueña. Pero esta situación viene cambiando rápidamente.

La deforestación impulsada por el cultivo de soja, maíz y pasturas para el ganado vacuno produjo la pérdida del 30% de los bosques nativos del Gran Chaco Argentino, y lo hizo a una velocidad récord a nivel mundial en los últimos 30 años. Esta expansión fue agotando las tierras más aptas para la agricultura y empujando la frontera agropecuaria hacia zonas cada vez más remotas y áridas, como el Impenetrable Chaqueño.

Paradójicamente, estas tierras con más gente y más bosques son más baratas porque para el negocio agropecuario no son un recurso valioso, sino un obstáculo que es necesario eliminar. Las comunidades indígenas y criollas sufren una gran inseguridad en la tenencia de sus tierras, por la falta de reconocimiento formal de sus posesiones ancestrales o veinteañales.

El bajo valor de estas tierras, la vulnerabilidad de sus poseedores y sus suelos forestales vírgenes atraen a especuladores inmobiliarios y empresas agropecuarias provenientes de Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires o del extranjero, quienes están acaparando grandes extensiones de tierras en el Impenetrable con la complicidad de los organismos provinciales encargados de administrar tierras fiscales, como los Institutos de Colonización de Chaco y Santiago del Estero. Esto está generando un incremento de los conflictos por la tierra, en forma de desalojos violentos, y cercamiento de familias y comunidades entre los alambrados y tranqueras de las nuevas fincas.

El acaparamiento de tierras da inicio al negocio agropecuario, que es la segunda etapa del proceso de destrucción del bosque nativo y desposesión de comunidades indígenas y criollas. La primer etapa se inició hace ya más de un siglo con el negocio forestal.

Desde principios del siglo XX, la empresa británica La Forestal inicia un modelo de extracción maderera análogo a la extracción minera. Con el mismo modelo, La Forestal extrajo 240 millones de durmientes de quebracho (con los que se podría cubrir la distancia de la Tierra a la Luna ida y vuelta) y hoy las empresas madereras extraen rollizos para exportar 50.000 toneladas de tanino por año.

Al igual que el negocio agropecuario, el negocio maderero en el Impenetrable no genera desarrollo local, ya que en gran parte es ilegal, no agrega valor en origen y emplea poca mano de obra, la cual es mal paga y trabaja en malas condiciones. Genera beneficios para unos pocos, y trae consecuencias negativas para muchos: de continuar la velocidad de extracción maderera actual, en 40 a 50 años se van a agotar los bosques ricos en quebrachos colorados y algarrobos.

Además, la degradación del bosque nativo producto de la tala indiscriminada es utilizada como justificación para su destrucción total por parte de las empresas agropecuarias, quienes argumentan que para producir hay que desmontar, ya que el bosque nativo se encuentra degradado y sin valor.

Hoy sabemos que la recuperación productiva de los bosques toma entre 20 y 30 años, mucho más rápido de lo que se creía, por lo que un manejo forestal que respete la regeneración de los recursos maderables y aproveche los recursos no maderables (miel de monte, algarroba) permitiría que se produzca valor y se conserve el bosque al mismo tiempo. (http://sobrelatierra.agro.uba.ar/la-lenta-pero-factible-recuperacion-de-los-bosques-del-chaco-semiarido/)

Con el argumento de llevar desarrollo y la protección del Estado, grandes empresas agropecuarias del centro del país vienen en la última década acaparando tierras y desmontado ilegalmente en el Impenetrable Chaqueño.

Entre 2011 y 2019, las topadoras de estas empresas destruyeron casi 1 millón de hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques 26.331 en las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. Más de un cuarto de la superficie desmontada ilegalmente en estos 9 años ocurrió en el Impenetrable de la provincia de Chaco, donde la superficie desmontada ilegalmente duplicó a la legal.

El análisis caso por caso de estos desmontes ilegales revela una serie de mecanismos por los que las autoridades de aplicación de la Ley de Bosques son cómplices de las violaciones a la ley. Uno de ellos ha sido la “recategorización” de fincas cuyas tierras cubiertas por bosques estaban categorizadas por la ley provincial como de mediano valor de conservación, y por lo tanto no estaba permitido desmontarlas.

A pedido de las grandes empresas agropecuarias, el gobierno de Salta redujo en 2011 la categoría de conservación a 32 fincas y un poco después el gobierno de Chaco hizo lo mismo con 67 fincas. Si bien estas recategorizaciones fueron posteriormente suspendidas debido a la presión de la sociedad y ONGs, más de 100.000 hectáreas de bosque fueron destruidas bajo esta forma de ilegalidad.

Otro mecanismo ha sido el “desmonte encubierto” por el que las autoridades provinciales responsables de aplicar la Ley de Bosques autorizan como forma de uso sustentable del bosque en zonas protegidas lo que ellos llaman sistemas silvopastoriles. El seguimiento de estos sistemas mostró que no conservan la estructura del bosque necesaria para su renovación y en pocos años se convierten en desmontes totales. En todas sus formas, los desmontes ilegales tienen a profesionales sin ética como participantes necesarios e irrisorias multas como consecuencia eventual.

El horizonte en el Impenetrable Chaqueño depara un continuado avance del negocio maderero y agropecuario en detrimento de los últimos bosques nativos, su diversidad biológica y cultural. Por ejemplo, el gobierno de Chaco lanzó muy recientemente el Plan Ganadero Provincial que impulsa la expansión de 500.000 hectáreas de pasturas para la producción de carne vacuna.

La experiencia de lo ocurrido durante los últimos 30 años en la región indica que este tipo de planes sólo traerá más costos sociales, ambientales y económicos para la población y el Estado, mientras se benefician un puñado de empresarios privados. La fertilidad de estas tierras se pierde a los pocos años de perder su cobertura boscosa, ya que es altamente susceptible a la erosión y las inundaciones, dejando tras de sí un desierto y tormentas de polvo donde había un bosque y aire puro.

La mortandad de ganado y la pérdida de cultivos es frecuente debido a la alta variabilidad climática, con temperaturas cada vez más altas y precipitaciones más concentradas en verano.

La calidad de vida de los pobladores originarios y campesinos se degrada aún más tras la pérdida del forraje, los alimentos y las medicinas que obtienen del bosque nativo, forzandolos a migrar al periurbano de las ciudades y condenándolos a mayor miseria y olvido. Todos estos costos finalmente los paga una vez más el Estado, como lo hace habitualmente con cada emergencia (agropecuaria, alimentaria) derivada de los planes de sus propios gobiernos.

Podemos evitar estos costos y reducir la vulnerabilidad social y ambiental del Impenetrable Chaqueño si todos los actores sociales involucrados realizamos acciones coordinadas e inmediatas. Los organismos de ciencia y técnica debemos profundizar la producción de conocimiento relevante, legítimo y útil para resolver estos problemas urgentes.

Los gobiernos provinciales deben priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, mediante la titularización de sus tierras y el acceso a créditos que promuevan el desarrollo de usos sustentables del bosque nativo.

Deben sanear y capacitar a sus organismos encargados de regular la tenencia de la tierra y el uso de los bosques, para que cumplan con la legislación vigente. El Poder Judicial debe investigar las tramas de corrupción que subyacen a los desmontes y la tala ilegal, y tipificarlos como delito ambiental.

Los empresarios madereros y agropecuarios deben mover su horizonte de planificación del corto hacia el mediano y largo plazo, dado que el ritmo de tala y desmonte actual está erosionando el capital natural del que dependen su propia producción y ganancia.

Las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs deben continuar y fortalecer las acciones de vigilancia, denuncia y concientización. Los medios de comunicación deben dar voz y visibilizar a los habitantes del Impenetrable para evitar su colapso silencioso. Para todo esto, es indispensable una ciudadanía más activa y mejor informada sobre la realidad social y ambiental de nuestro país.

 

(*) Investigador Adjunto CONICET
Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales
Unidad Integrada Balcarce INTA – UNMdP

 

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