Procesaron a dos exmilitares por vejaciones y apremios en Malvinas: uno de ellos reside en el Chaco

Así lo determinó el juez federal subrogante de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra. Los militares acusados y embargados cada uno por 500.000 pesos son Reynaldo José Pascuzzi, teniente primero al momento de producirse los hechos, y hoy con residencia en la capital chaqueña y el entonces capitán Carlos María Alemán Urquiza, domiciliado en la ciudad de Corrientes.

El juez federal subrogante de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de dos militares a los que se acusa haber impuesto “privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales”, usar armas de fuego y cometer de “abuso de autoridad, empleando violencias y amenazas” contra tres soldados conscriptos que estaban en Puerto San Julián en plena guerra de Malvinas, en 1982, y que no cruzaron al archipiélago.

Los militares acusados y embargados cada uno por 500.000 pesos son Reynaldo José Pascuzzi, teniente primero al momento de producirse los hechos, y hoy con residencia en Resistencia; y el entonces capitán Carlos María Alemán Urquiza, domiciliado en la ciudad de Corrientes. Las víctimas son Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez.

En su fallo, Leal de Ibarra, que preside la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, contextualizó los hechos tras la ocupación armada de las Malvinas del 2 de abril de 1982, y dijo que en ese escenario el Grupo de Artillería 7 de Resistencia se trasladó hacia el sur y prestó servicios dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Señaló que Pascuzzi ostentaba por entonces el cargo de Teniente primero y que el capitán Alemán era el médico del grupo. Ambos hicieron “un despótico empleo de su rol de mando, impusieron un riguroso tratamiento disciplinario a los soldados conscriptos mencionados”, señala el juez, informó el diario Clarín.

“La evidencia sugiere que estos sucesos ocurrieron dentro del período de 71 días en que dicha agrupación permaneció apostada en la localidad de Puerto San Julián (Santa Cruz); y que la causa originaria de estas acciones fue que las víctimas se alejaron del campamento en busca de comida.- Descubiertas estas acciones e interpretadas como infracciones disciplinarias, los imputados sometieron a estos subalternos –según el caso- al frío extremo, a trabajos forzados” dice el juez, para luego escribir que los hicieron cavar pozos de agua o limpiar pozos de residuos, que continuamente se rellenaban y que recibían golpes, y que los sometieron a “una alimentación basada en sobras (huesos de oveja, restos de pan), a simulacros de fusilamiento”. El fallo se hace eco de las acusaciones contra Alemán Urquiza, de que “disparó cerca de los soldados Sandoval y Sánchez para forzar confesiones” y de que fueron sometidos a “a estaque amientos (sujeción al suelo, mediante ataduras) en la nieve y a la intemperie” .

El juez vuelve a señalar que tambien es “remarcable que estos maltratos físicos solían venir acompañados de agresiones verbales, tales como “…a estas basuras hay que matarlos, estos traicionan a la Patria…” (sic).- Semejantes situaciones se dieron durante el período señalado, hasta el momento en que se desactivó el conflicto bélico y los soldados pudieron regresar a su lugar de origen.

Las denuncias y las causas abiertas por casos de torturas y malos tratos durante la guerra de Malvinas comenzaron formalmente en 2007 cuando la agrupación de ex combatientes CECIM-La Plata apoyó a un primer grupo de ex soldados. El grupo hizo la denuncia en la justicia de Río Grande, por corresponder en jurisdicción a las Malvinas.

“Empezó a encaminarse”

En declaraciones a CIUDAD TV, el abogado querellante, Miguel Ángel Ávila y el especialista en temas de Malvinas, Héctor Ortega, contextualizaron esta causa.

“Este año tenemos todavía un camino largo que recorrer y posiblemente a fin de año estaremos con un auto de elevación a juicio. Pero después de 2007, que se realizaron esta denuncia, estamos encaminados. Hace cinco años empezó esta causa a encaminarse y tener un trato más ágil porque venía con un retraso bastante amplio”, sostuvo Ávila.

Por su parte, Ortega remarcó que este es sólo uno de los casos investigados y que hay otros que deben obtener una resolución judicial. “No perdemos las esperanzas. Sabemos que estos procesos son lentos pero también esta lentitud permite que podamos acceder a nueva información y archivos desclasificados. Esto permite que podamos documentar mucho mejor la posición de los soldados denunciantes”, sostuvo.

El abogado querellante, Miguel Ángel Ávila y el especialista en temas de Malvinas, Héctor Ortega en los estudios de CIUDAD TV.

 

Compartir