Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default

Fue el eje de las dos largas reuniones a puertas cerradas que Martín Guzmán compartió en los últimos 10 días con jerarcas del Fondo Monetario Internacional. Primero en Nueva York con Julie Kozack, la número dos para América, y el venezolano Luis Cubbedu, encargado del caso argentino. Después en el Vaticano con la mismísima Kristalina Georgieva, con quien ya había conversado cuando Alberto Fernández no lo había anunciado aún como ministro de Economía.

Alejandro Bercovich, periodista político y económico.

Por Alejandro Bercovich

Lo que pidió Guzmán es lo contrario a lo que suelen reclamarle al Fondo los ministros de países en problemas. Tampoco es un tecnicismo, aunque lo parezca. El objetivo oficial es que el FMI, además de aplazar los cobros del préstamo récord que le entregó a Mauricio Macri contra sus propios estatutos, declare oficialmente antes de fin de mes que la deuda argentina es insostenible, de tal modo que los acreedores privados se vean acicateados para aceptar la quita que prevé proponer el Gobierno a principios de marzo.

A tientas, consciente de que nadie consiguió hasta ahora nada parecido a esa carambola y apostando el pellejo a que el G7 lo apadrine como el último garante de la estabilidad política en el Cono Sur, el Presidente procura una renegociación sin default – como Uruguay en 2003 o Ucrania en 2015 – pero con una quita que solo lograron países que ya habían entrado en cesación de pagos.

Una quita que le permita cumplir antes de fin de año con su promesa de volver a encender la economía, algo que hasta ahora ni siquiera se insinúa y que será imposible si el Estado debe afrontar la carga de intereses que heredó de Macri.

¿Por qué un gobierno que pretende evitar el default querría que el árbitro de las finanzas globales considere insostenible su deuda? Para revertir – al menos parcialmente – la inclinación de la cancha a favor de los grandes fondos que tienen en su poder la mayoría de los títulos de la deuda argentina.

Y para reforzar la noción de que la oferta que se hará el mes que viene será “tómelo o déjelo”. Nada garantiza que alcance, pero los negociadores consultados por BAE Negocios aseguran que es imprescindible.

En Economía admiten en privado algo que quedó claro tras el desenlace del reality show de la deuda bonaerense. Los acreedores tienen una ventaja insoslayable respecto del canje de 2003-2005 y es que nunca dejaron de cobrar. A diferencia de aquel momento, cuando los apurados eran ellos, la carrera contrarreloj la corre esta vez la Argentina. De ahí lo apretado del cronograma que fijó Guzmán para la reestructuración.

En su discurso de 18 minutos el miércoles ante la Pontificia Academia de Ciencias, que desgranó en inglés y sin leer, Guzmán pronunció siete veces la palabra “insostenible”. Ahí dejó entrever parte de la negociación secreta con el FMI.

“Los mercados no están acostumbrados a esto porque no es la forma en que se hacen las cosas, pero la forma en que se hacen las cosas no funciona, así que tenemos que hacer algo diferente acá”, abundó. Y advirtió: “Tendremos que hacer esto con las normas actuales, no hay tiempo para reescribirlas en dos meses”.

Cuestión de fondo

Guzmán quiere que Kozack y Cubeddu, los enviados del FMI que estarán entre el miércoles y el viernes próximo en Buenos Aires, no demoren más de 10 días en publicar su staff report. Es en ese reporte donde el Fondo especificará si, en su opinión, la deuda argentina es sostenible o no. Y si lo es, si es “con alta probabilidad” o “con baja probabilidad”.

Según la normativa del Fondo, si un país tiene una deuda insostenible debe reestructurarla. Si no, no es necesario. Si es “sostenible pero con baja probabilidad”, debe hacer algo por amortiguar su impacto pero no necesariamente una reestructuración integral.

Es como un semáforo. Una señal que los grandes acreedores miran con atención. El color amarillo también implica que, por ejemplo, el propio FMI no debería otorgarle acceso excepcional a sus recursos.

Es un principio que solo se violó dos veces: con Grecia en 2013, para evitar que su crisis se contagiara al resto de Europa, y con Argentina a fines de 2018, cuando se aprobó una ampliación del acuerdo original pese a que en octubre se había encendido esa alerta. Ambas excepciones terminaron muy mal.

El Gobierno tampoco quiere del Fondo un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que es el escalón siguiente en su menú de créditos para países con problemas de solvencia y liquidez. Busca que los plazos de pago que dejó Macri se estiren tres años hacia adelante bajo el mismo acuerdo standby vigente. De eso habló Fernández con todos los mandatarios que visitó en Europa, aun a sabiendas de que necesita sí o sí el del único accionista con poder de veto: Estados Unidos.

Por eso Guzmán también planteó sus dos pedidos (la “insostenibilidad” y el período de gracia sin EFF) a los enviados del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que lo fueron a ver a Nueva York la semana pasada. La cita fue tan reservada que no se supo ni su locación ni quiénes viajaron.

En la estrategia, más allá de su resultado, quedan dos cabos sueltos. Por un lado, la mención que hizo anteayer Guzmán a los USD1.923 millones pendientes de pago con los países ricos miembros del Club de París, que empezó a devengar 9% de interés anual en dólares porque Macri decidió pagar el mínimo a cambio de que se activaran los intereses punitorios (los originales iban del 3% al 4,5%).

¿Por qué decirles a las mismas potencias a las que Fernández les pidió apoyo en el directorio del Fondo que también van a salir perdiendo con los créditos Estado-Estado que reclaman a través del Club? ¿No podría haberse elegido otra ocasión, o al menos otra semana?

El segundo cabo suelto está en Washington, en el staff del FMI. El organismo ya dio por terminada su purga post-Lagarde y en su alta gerencia sobrevivió Alejandro Werner, el jefe para América y partícipe necesario de la hipertrofia crediticia que explotó en agosto pasado. Aunque el Gobierno sugiera – otra vez, “pero ahora sí, eh” – que con Georgieva el Fondo cambió, Werner fue uno de los que le hicieron creer a Donald Trump que con US$50.000 millones compraría la reelección de Macri.

Por ahora, lo único que consiguió Guzmán es que no venga la semana próxima y que mande a su vice, Kozack. Después, a fin de mes, el ministro volverá a la carga con su lobby en la cumbre de ministros del G20 en Arabia Saudita y en alguna escala todavía a definir.

Taxonomía bonista

Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash. Pero en el Palacio de Hacienda, en vísperas de que se consumiera del plazo, se frotaban las manos por “la información” que obtendrían al cabo del proceso.

El endeudamiento de la era Macri fue tan vertiginoso y tan irresponsable que el mismo Estado no sabe quiénes son los acreedores con los que va a negociar ni qué otros bonos tiene en cartera cada uno.

Como en todo experimento, el conejillo de Indias podía salir lastimado. Y así ocurrió con Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Sobre todo porque a las 48 horas debió anunciar que no pagará la cláusula gatillo salarial que les correspondía a los docentes en diciembre según la última paritaria firmada con María Eugenia Vidal.

Los USD250 millones que les pagará cash a los bonistas equivalen a un mes de sueldos de los 280 mil docentes que tiene la provincia. Hasta el exministro macrista Alejandro Finocchiaro, sepulturero de la paritaria nacional docente, se atrevió a chicanearlo por Twitter y a pedir “solidaridad con los trabajadores”. Un audaz.

¿Por qué el Gobierno prefiere transitar la cornisa de renegociar sin defaultear en vez de patear el tablero? Según dice, para que los bonistas no se conviertan otra vez en buitres. El fondo Fidelity, al que culpó Kicillof por el fracaso del aplazamiento que proponía, es un fondo “real money”, de los que priorizan la estabilidad al rendimiento rápido. No suelen litigar. Prefieren cobrar menos pero seguro.

Después están los grandes fondos como Templeton, Blackrock, Greylock o PIMCO, que oscilan entre posiciones más o menos hostiles con los deudores en aprietos. Y finalmente están los buitres como NML-Elliot, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky. Por lo que dicen en Economía, apenas tienen una porción marginal de la deuda en discusión.

Lo que teme Fernández es que, si adopta una postura más beligerante, el precio de los títulos se desplome aún antes de un eventual default y se haga más atractivo para los buitres comprar esos bonos para hacer juicio y reeditar su triunfo de 2016, cuando Macri les pagó todo lo que reclamaban desde 2010.
Surge allí una dinámica “policía bueno/policía malo”: los grandes fondos le advierten que no sea tan duro con ellos porque si lo es, aparecen los malos. Pero a fin de cuentas ¿no terminó Fidelity por comportarse igual que un fondo buitre?

Quizá, además del Papa, haya que buscar inspiración en otros monarcas. Como el rey Felipe de Bélgica, quien impulsó y promulgó en julio de 2015 una ley específica para combatir las actividades de los fondos buitre. La ley, aprobada por el Parlamento, prohíbe que se ejecuten en territorio belga embargos o medidas cautelares si el acreedor “busca una ventaja ilegítima” o si “el Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito”.

Felipe, además de rey, es magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ni un pelo de soviético.

VIAPublicado en Bae Negocios
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