Agrotóxicos: vecinos de pueblos fumigados reclaman que se garanticen derechos ambientales

Luego de reunirse con vecinos de pueblos fumigados del sudoeste chaqueño, organizaciones ambientalistas reclamaron la aplicación efectiva de las leyes ambientales que regulan la aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola en la provincia del Chaco.

Integrantes de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, la Fundación Carrillo Chaco, el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la UNNE, Comité de Bioética del Hospital 4 de Junio, UTrE – CTERA, Unidad Ciudadana y Frente Grande, se reunieron este viernes 11 de enero en Sáenz Peña con ciudadanas y ciudadanos de zona rural y urbana de Campo Largo y de Avia Terai, afectades por las fumigaciones ilegales que se realizan en el sudoeste chaqueño, con el objeto de acompañar sus reclamos y exigir ante autoridades de la Subsecretaría de Ambiente, los controles necesarios, la aplicación de la ley de Biocidas, de Residuos Peligrosos, leyes ambientales provinciales y la Ley General del Ambiente de la Nación, adoptando medidas de respuesta urgente ante las denuncias, facilitando las mismas, relevando datos, información y muestras para constatar las infracciones denunciadas y aplicar las restricciones y/o sanciones correspondientes.

Observándose que se repite, desde hace años en la mayoría de los pueblos fumigados, el hecho que la policía es reticente a tomar la denuncia a las personas afectadas, como también de actuar in situ de manera urgente para constatar los hechos denunciados, que pueden generar no sólo daños a cultivos, colmenas, la flora y la fauna, sino también intoxicación aguda o crónica a las personas expuestas, por lo tanto dar lugar delitos previstos en la Ley Nacional 24051. Así también, se observa la dilación que existe entre la denuncia ante la Subsecretaría de Ambiente, los trámites del expediente y la aplicación de sanciones a los infractores.

Se acordó entre otros puntos, solicitar a los agentes de la Dirección de Fiscalización Ambiental que en sus actuaciones den intervención a funcionarios de la Administración Provincial del Agua, el Ministerio de Salud Pública y las oficinas ambientales de los Municipios involucrados, para: toma de muestras de agua y análisis de residuos de plaguicidas; relevamiento sanitario de la población expuesta y verificar si en las oficinas ambientales de los Municipios se encuentran los registros y datos exigidos en la Ley de Biocidas.

Cabe destacar que en todos los casos denunciados se ha omitido el aviso previo, “a la comunidad o población cercana” que deben realizar los responsables de las fumigaciones (Art. 30 – Ley 2026-R), y en la mayoría no se han respetado las distancias de fumigación (Art. 26- Ley 2026-R).

Se elaboró una agenda de prioridades, propuestas y trámites a seguir a efectos de reclamar que se garantice la protección de la salud y el ejercicio del derecho a un ambiente sano y sustentable, para las generaciones presentes y futuras.

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