El Ejecutivo apelará ante el STJ el fallo por la titularización de la Reserva Grande

El presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, anticipó que la Fiscalía de Estado del Chaco apelará los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anularon los decretos que dividieron a la Reserva Grande y concedieron título de esos territorios a pobladores criollos, lo que está prohibido por la Constitución y los convenios internacionales.

Walter Ferreyra, presidente del Instituto de Colonización

“Sabíamos que esta era la última causa judicial que quedaba pendiente respecto de la Reserva Grande y nos sorprende porque va totalmente en contrario a los demás fallos que se habían otorgado. Nos tomó por sorpresa”, reconoció este miércoles el presidente del Instituto de Colonización, Walter Ferreyra, en declaraciones a FM Universidad. No obstante, anticipó que el fallo será apelado por Fiscalía de Estado al considerar que “nos asiste la razón en este caso así que la apelación se hará en tiempo y forma”.

“No deja de ser un contratiempo, las comunidades originarias se encuentran muy desconcertadas, es un fallo que beneficia a una organización en particular pero afecta a los pueblos originarios en general”, consideró el funcionario provincial. “No comprendemos el fallo, además es totalmente contradictorio con los anteriores que había en el mismo sentido”, insistió Ferreyra.

Así, el funcionario provincial reeditó algunos de los argumentos utilizados por el Ejecutivo en los expedientes que se tramitaron durante casi cuatro años en la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que tuvo como resultado dos sentencias que subrayan que los derechos de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de sus territorios no pueden ser objetados por ninguna otra norma ni decisión circunstancial. “No somos críticos en cuanto al juez pero decimos que el fallo va en contrario de la voluntad de los pueblos originarios porque fueron los pueblos originarios los que cuestionaron a la Mowitob, que no querían estar representados en una sola organización y que cada una de las etnias querían sus 100 mil hectáreas”, aseguró.

“Es un fallo trascendente y de quedar en firme sería muy perjudicial para la provincia”, señaló Ferreyra, sobre la sentencia (que en realidad son dos e idénticas) que declararon nulos e ilegítimos seis decretos del Poder Ejecutivo que dividieron las más de 300 mil hectáreas de propiedad comunitaria para otorgar títulos de propiedad a pobladores criollos, lo que contradice toda legislación vigente y vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Además, ordenó inscribir a nombre de la organización Mowitob las 300 mil hectáreas de propiedad comunitaria y relocalizar a las familias criollas a quiénes se había otorgado títulos de más de 60 mil hectáreas dentro de la Reserva Grande desplazando a parte de las comunidades de sus territorios ancestrales, lo que contraría toda legislación internacional sobre la materia.

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