Revocaron la sentencia que frenó los pases a planta en la administración pública

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la medida cautelar del juez Julián Flores (Civil y Comercial N°21), que suspendió el alcance de los decretos 3.310, 3.626, 3.627 y 3.680 que disponen de decenas de pases a planta, designaciones, contrataciones y bonificaciones en la administración central.

Casa de Gobierno.

El juez Flores dejó en suspenso los alcances de los decretos Nº 3.310/19, Nº 3.626/19, Nº 3.627/19 y 3.680/19 hasta tanto “asuma el nuevo gobierno quien evaluará la viabilidad y admisibilidad de los pases a planta, promociones, bonificaciones y contrataciones, todo previa caución juratoria”.

Esa sentencia fue revocada ahora por la Cámara de Apelaciones que rechaza los argumentos que el letrado toma en la sentencia, interpuestos por el Dr. Jorge Alcántara, apoderado del Frente Chaqueño, quien sostuvo la medida judicial atento “al grave perjuicio institucional que acarrea la medida, teniendo en consideración la colisión de derechos subjetivos”.

En la resolución, revoca la obrante a fs. 334 y, en consecuencia, también el 329. Y ordena que, “una vez los autos en origen, deberán continuar según su estado”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera, lleva las firmas de las juezas Wilma Sara Martínez y Eloisa Araceli Barreto, quienes entienden que “las aseveraciones contenidas en el escrito inicial no alcanzan a sostener algún argumento razonable por el cual surja, a primera vista, la existencia del derecho invocado; ni tampoco es posible suponerla en base a meras conjeturas, fundadas en la sola circunstancia de existir designaciones de un gran número de empleados por parte del Poder Ejecutivo Provincial y la alusión a expresiones que adolecen de vaguedad, como la puesta en peligro de la “Administración provincial” o la “gobernabilidad” de las nuevas autoridades. La ilegitimidad alegada, en su caso, cuya dilucidación exige una indagación y análisis que excede la posibilidad de conocimiento provisorio de esta precautoria”.

Sostiene que, “ello es así  dado que se está  ante un típico caso de una cautelar que  trasciende su función -asegurativa- para convertirse en un adelantamiento parcial o total de la pretensión principal lo que se suma  al primer principio expuesto -de la presunción de legitimidad de los actos administrativos- y aduna a que ésta deba ser mensurada con mayor severidad”.

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