Fundamento ético en el bien de familia en el derecho tributario

A primera vista y desde una aproximación intuitiva es probable que no surja como palmaria la relación entre el derecho tributario y la familia como institución que rige las relaciones sociales. Por el contrario a lo pensado, la relación entre ambas ramas es permanente y continúa, manifestándose legislativamente en múltiples normas de las existentes en materia de tributación.

Dr. Luciano Federico Díaz.

Por el Dr. Luciano Federico Díaz *

Tal es así que tanto nuestra Constitución Nacional como las Constituciones Provinciales han receptado a la actualidad, ya sea en mayor o menor medida, la idea de familia y la necesidad de promover a su protección y fomento, teniendo reconocimiento en varias de sus disposiciones.

Si bien, como acertadamente reconoce José O. Casás, “la Constitución histórica de 1853 nada disponía expresamente en orden a la institución familiar”; ello se ha visto sustancialmente modificado con la incorporación y jerarquización constitucional de distintos tratados internacionales de derechos humanos efectivizada con la reforma integral a la Constitución en 1994 (art. 75 inc. 22 de citado precepto normativo). Mediante ello se avanzó en el cumplimiento de las distintas obligaciones internacionales que nuestro país asumiera mediante la ratificación de los mismos, colaborando así con la eficacia pretendida.

No obstante, nuestra Carta Magna reconoce “un conglomerado de derechos y garantías, consagrados explícita o implícitamente, que en vinculación y con incidencia en el tema que nos ocupa pueden enumerarse en los siguientes: el principio de “igualdad ante la ley y como base del impuesto y de las cargas públicas” (arts. I, 16, 20 y 33, con desarrollo concreto en el art. 16), el de “capacidad contributiva”, implícito e inferible de la equidad (art. 4), la garantía del derecho de propiedad (arts. 14 y 17), de la igualdad (art. 16) y de la razonabilidad (arts. 28 y 33)”.

En conformidad con esta línea, y en algunos casos con mayor énfasis y claridad, las constituciones provinciales también receptan en sus disposiciones el reconocimiento expreso de esta institución.
Bien es sabido que, nuestro sistema tributario se funda en dos principios básicos: el de legalidad y capacidad contributiva. Ambos colaboran en el fin principal que guía la actividad estatal, esto es la persecución del bien público y el sostenimiento del estado en miras a garantizar ello.

En simples palabras, sin ingresos el estado en sus diferentes niveles no podrá cumplir con sus fines esenciales. Pero ello no puede llevarse a cabo de manera arbitraria e irracional, sino que debe responder a garantías y derechos constitucionalmente reconocidos. Conforme ello, el impuesto –por definición– debe captar la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados por la norma no pudiendo extenderse más allá al punto de convertirse en confiscatorios.

En consonancia, la doctrina opina que “la obligación tributaria como cuantificación y medición de la capacidad de contribuir al sostenimiento del Estado no debe sobrepasar los estándares mínimos de bienestar que una familia necesita para su propio sostenimiento (…) La familia como célula básica de la sociedad no pude entonces sufrir detracciones sobre sus ingresos que excedan la capacidad de contribuir a las cargas públicas en detrimento del bienestar familiar pues no sólo se estaría violando uno de los principales derechos humanos consagrados por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que con igual rango reconocen derechos relativos a la familia, sino que también inducirán al malestar general”.

La cuestión elemental estará vinculada a los caminos estatales adoptados a los fines de contemplar dicha circunstancia, promoviendo el bienestar y protección familiar a la hora del cobro de tributos, como así sucede en el siguiente ejemplo expresando el artículo 252 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN), que expresa: “Créditos fiscales. La vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República, si ella opera a favor de los beneficiarios mencionados en el artículo 246, y no es desafectada en los cinco años posteriores a la transmisión. Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación, están exentos de impuestos y tasas”.

En resumen, la institución de la familia se encuentra presente en las legislaciones impositivas, sin perjuicio de los mayores avances que el legislador podría realizar en pos del beneficio familiar. No se debe olvidar que la familia es el sustento de toda sociedad y por tal motivo, la carga tributaria no debe ser excesiva, a tal extremo que ocasione grandes dificultades en el día a día familiar.

 

(*) Magister en Derecho Tributario

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