La cláusula comercial, el impedimento de la Nación

En nuestro esquema constitucional el Congreso de la Nación es el encargado de reglar el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí.

Dr. Luciano Federico Díaz.

Por el Dr. Luciano Federico Díaz *

La cláusula comercial prohíbe la formación de aduanas interiores, limitando la potestad tributaria de las provincias cuando éstas intentan aplicar impuestos discriminatorios, lo cual se configura cuando lo que se toma en consideración es la jurisdicción desde la que ingresaban o salen las mercaderías.

Debido a que el programa constitucional le asigna a la Nación las facultades para establecer impuestos indirectos en forma concurrente con las provincias (salvo los aduaneros) y directos excepcionalmente cuando ciertas circunstancias concurren y, por otro lado, los gobiernos locales gozan de las facultades para crear tanto impuestos directos como indirectos (salvo aduaneros), este panorama de distribución de la potestad fiscal no puede ser afectado o desnaturalizado, hecho que sucedería si un tributo local incidiese sobre el comercio interjurisdiccional

Las provincias pueden establecer gravámenes, cualquiera sea el origen o naturaleza del producto que sirve de base para establecerlos, en tanto dicho gravamen no interfiera con el comercio interjurisdiccional.

Es decir, concretamente las provincias no pueden establecer aduanas interiores o aplicar tributos a la mera circulación territorial, o a la entrada o salida de mercaderías o personas de su territorio, o discriminar perjudicando el comercio interjurisdiccional. El tratamiento tributario discriminatorio se identifica con la múltiple imposición que rija dentro de un mismo ámbito territorial.

En el antecedente jurisprudencial “INDUNOR”, se afirma en interpretar que la CN prohíbe a las provincias gravar la exportación – pues esta política la determina el Gobierno Nacional – y la introducción de productos que obstaculicen el libre tránsito de bienes y servicios entre las diferentes jurisdicciones provinciales; no considera que se afecte el comercio internacional la conformación de la base imponible del impuesto provincial con las ventas locales y las realizadas al exterior, pues la riqueza se produjo en la provincia; en tanto el tributo local no recaiga en el simple hecho de la entrada o salida de un producto de una jurisdicción local, como tampoco que importe un trato discriminatorio, ese impuesto es legal.

El concepto de la incidencia de un gravamen provincial con entidad tal que interfiera en el normal desarrollo del comercio interjurisdiccional no se configura con un simple impuesto sobre la actividad económica de un sujeto que desarrolla el comercio en diversas jurisdicciones provinciales.

Por el contrario la interferencia debe revestir gran magnitud, gran presión fiscal que torne en una barrera u obstáculo insalvable para la realización de las actividades comerciales.

Por tanto, el titular de la potestad tributaria puede reglar el comercio interjurisdiccional e internacional y por ello, puede delinear el alcance y naturaleza de lo que la Nación considera como instrumento eficaz para esta regulación. De esta forma, si un impuesto local se adecua a los lineamientos establecidos por la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, no se lo podrá considerar violatorio de la cláusula comercial, porque el impuesto es un instrumento de regulación económica que se encamina a satisfacer los intereses económicos de la provincia.

A su vez, la Nación también tiene potestades limitadas de acuerdo a la cláusula comercial, como sucedió en la eliminación del I.V.A. en los alimentos en la canasta básica, perjudicando a las provincias de no contar con ese dinero para sus gastos.

Al ser un amparo en el que intervienen las provincias y la Nación, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tuve la competencia originaria de dicho litigio. De acuerdo a lo manifestado precedentemente, nuestro Máximo Tribunal en su mayoría manifestó: “Mediante esas normas -los DNU- el Poder Ejecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria”.

Como consecuencia, el Gobierno Nacional deberá compensar a las 15 provincias que iniciaron el litigio –no está incluido el Chaco- en más de 5.000 millones de pesos, que se efectivizará en el gobierno del siguiente periodo.

Esta decisión se llevó a cabo ya que resulta evidente que las provincias perdieron miles de millones de pesos en recaudación debido a los cambios impositivos de Mauricio Macri, perjudicando en el ofrecimiento de servicios esenciales, en el cumplimiento de obligaciones salariales, entre otros.

En definitiva, sea la coyuntura económica como política que se atraviesa, la división de poderes y el respeto a nuestra Carta Magna debe respetarse para mantener el régimen institucional de los poderes de nuestro país.

Hay que dejar en claro que las provincias no están en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica del Estado Argentino, sino que la Nación no dio ninguna solución para satisfacer a las provincias para suplir los recursos que le fueron quitados sin previa consulta, disponiendo inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias.

 

(*) Magister en Derecho Tributario

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