Audiencia por usurpaciones: la Provincia pidió una prórroga para hacer un informe y Nación ni siquiera fue

La audiencia de conciliación convocada el lunes por la Justicia Federal en el marco de la causa iniciada por las usurpaciones en predios que pertenecían al Ejército no tuvo avances. Si bien estaban convocadas las autoridades del gobierno provincial y nacional, sólo los primeros asistieron. Pidieron una prórroga para poder presentar un informe tanto en el aspecto socio ambiental como sobre algunas posibles alternativas para solucionar el conflicto.

La toma de los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas España y Castelli cumplió un mes este martes. Más de 300 personas acampan en tierras que anteriormente pertenecían al Ejército Argentino y hoy son propiedad del Banco Hipotecario.

A pesar de que hubo varias amenazas de desalojo, lo cierto es que por el momento no hay una decisión en concreto de qué sucederá con esas 190 familias.

En este marco, la Justicia Federal convocó tanto al gobierno nacional como al provincial para que brinden detalles de la situación actual en el lugar y que aporten posibles soluciones. Sin embargo, según confirmó a RADIO CIUDAD la propia Jueza Federal, Zunilda Niremperger, el único que envió algún representante fue la Provincia. Justamente, desde Desarrollo Social del Chaco pidieron una prórroga para completar el informe solicitado por la Justicia.

“Se llevó a cabo solamente con la presencia del gobierno de la provincia a través del ministerio de Desarrollo Social ya que la Nación no concurrió a la audiencia”, señaló Niremperger.

“Nosotros habíamos informado que necesitábamos que concurran a la audiencia y que venga quien sea su director general o en su caso alguien con poder de decisión para poder llegar a algún acuerdo respecto de la situación social y también jurídica que existe en los terrenos del Estado”, añadió la magistrada.

“Hay un pedido de desalojo del Estado Nacional, pero también vemos que es un Estado bastante desidioso en cuanto al cuidado de sus bienes”, sostuvo la jueza.

“Y por otra parte un pedido de suspensión momentánea del gobierno de la provincia a efectos de realizar un relevamiento respecto de la verdadera situación de cada una de las familias o individuos que están en lugar y tratar de buscar una solución, conciliada con el gobierno nacional para la reubicación para las personas que están en situaciones extremas”, indicó.

Para la Jueza, el problema en ese predio usurpado debería tener una respuesta política y no judicial. “Acá hay que tener siempre en cuenta que la cuestión en debate es una cuestión extraña a la justicia y es de neto corte político y social que lo deben resolver otros órganos del Estado y no el poder judicial”, afirmó.

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