Santiago del Estero y Formosa denunciarían penalmente al Gobierno nacional si no devuelve la Coparticipación

En las últimas horas el Gobierno del santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) envió cartas documento a Macri; al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, con la intimación a “restituir o compensar los indebidos detraimientos de los recursos de coparticipación federal". La misma medida estudia la provincia de Formosa.

Pesos argentinos.

Aunque con estrategias diferentes -y en medio de la cuenta regresiva hacia los comicios presidenciales del próximo domingo-, el pelotón de 15 provincias que cosechó una cautelar en la Corte Suprema que les blinda la coparticipación del impacto de las medidas pos-PASO de Mauricio Macri salió a intimar al Gobierno nacional a que les abone de inmediato la millonaria compensación de recursos derivada de esa resolución, incluso bajo la amenaza inminente de denunciar penalmente el incumplimiento.

La avanzada arrancó pocas horas después de que el máximo tribunal desestimara el pedido de la Casa Rosada de obtener una aclaratoria del fallo, lo que en los hechos dejó abierta la pulseada con Balcarce 50 por la discusión del monto que recibirá cada provincia por la merma en los envíos coparticipables. Un guante que ya recogieron en despachos nacionales, con una promesa de abrir un “canal de diálogo” con los gobernadores, aunque atado a los apremios que marcan los tiempos electorales.

Pero los tiempos de los Ejecutivos provinciales son otros, y esa discordancia entre las partes quedó reflejada en las últimas movidas de los mandatarios, que mostraron matices aunque siempre apuntando al objetivo de apurar el cobro de esos recursos, claves para garantizar un fin de año más holgado en materia de finanzas ante un recorte sorpresivo y unilateral.

En esa línea, en las últimas horas el Gobierno del santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) envió cartas documento a Macri; al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, con la intimación a “restituir o compensar los indebidos detraimientos de los recursos de coparticipación federal motivados por la aplicación de los decretos 561/2019 y 567/2019”.

“Hasta la fecha no se han restituido los fondos detraídos, por lo que la presente se formula bajo los apercibimientos de encuadrar vuestro comportamiento en las conductas tipificadas por los artículos 239 y 173 inciso 2, entre otros, del Código Penal de la República Argentina”, advirtió el Fiscal de Estado provincial, Raúl Abate.

El artículo 239 determina que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

En tanto, el artículo 173 inciso 2 estipula que “se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena” que establece “el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”.

Advertencia

Por su parte, desde Formosa -que gobierna el peronista Gildo Insfrán-, la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, enfatizó que “si Nación no cumple con el fallo de la Corte, en las próximas horas vamos a ir a la Justicia Penal para que devuelvan lo que les quitaron a las provincias”.

“El gobernador nunca se amilanó: siempre sostuvo la postura de ‘no importa a qué precio’; vamos a defender los derechos y así ha actuado la Fiscalía”, remarcó.

En tanto, en el caso de Entre Ríos, la estrategia en el distrito que gobierna el justicialista Gustavo Bordet incluirá en las próximas horas la presentación de una nota ante el presidente Macri instando al cumplimiento de la medida cautelar. Se trata de una avanzada de corte administrativo, apuntando a que el Gobierno nacional, aunque sea de manera parcial, empiece a cumplir con la cautelar, a cuenta de una futura liquidación.

Esa ingeniería -en la que trabaja el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes- hace foco, en los hechos, en el objetivo central del Ejecutivo local: el cumplimiento de la cautelar, y no la sanción penal, que en definitiva no resuelve el problema de la poda de recursos.

El lote de 15 provincias que desembarcaron a fin de agosto en la Corte Suprema para batallar la inconstitucionalidad de dos decretos pos-PASO de Macri está integrado por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Los gobernadores reaccionaron así frente al mix de medidas pro consumo lanzado por el Presidente, que incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica. Una estrategia que erosionó las remesas de coparticipación a las provincias, que eran recursos con los gobernadores contaban para cerrar el año.

FuenteAmbito
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