Repudiaron el veto del gobernador a la ley que obligaba a difundir la Guía de abortos no punibles

La Regional Chaco de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudió el veto total del gobernador, Domingo Peppo, a la ley que estableció la difusión de los derechos consagrados en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Consideraron a la medida “arbitraria” y un avance de los sectores “conservadores” y “antiderechos”.

Repudiaron el veto del gobernador a la ley que obligaba a difundir la Guía de Abortos No Punibles.

A través de un comunicado, la Regional Chaco de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir repudió la acción “arbitraria” del gobernador, Domingo Peppo, al vetar la modificación de la ley N° 2038, de la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles, que establece que “será obligación de la autoridad de aplicación arbitrar las medidas pertinentes para la difusión de los derechos consagrados en la norma, tanto al público en general como a los efectores de salud, en particular, aquellos donde se ejecuta la Red Sanitaria Provincial”.

“Consideramos que esta acción no es más que otro caso de un avance del sector conservadurista y antiderechos en la provincia, ya que esta ley fue aprobada por 19 votos en la Cámara de Diputados y se constituye como una herramienta legal fundamental para difundir, capacitar y aplicar una legislación ya vigente que otorga derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Estos derechos se amparan en el Fallo Fal de la Corte Suprema de Justicia, así como en el Código Penal en su artículo 85 vigente desde 1921”, indicaron en un parte de prensa.

Asimismo, remarcaron que “la objeción de conciencia no tiene relación alguna con las capacitaciones o difusión de una guía que garantiza derechos a todas las mujeres y cuerpos gestantes, dado que su ejercicio habilita a les profesionales a objetar la práctica de la interrupción o aborto, pero bajo ningún aspecto da lugar a estos a negar el acceso a la información de les pacientes de sus derechos sexuales y reproductivos; así como tampoco se puede ejercer la objeción de conciencia para la capacitación en derechos que deben ser garantizados en los efectores públicos de salud”.

“Cabe destacar que las razones para invocar objeción de práctica es por cuestiones morales y religiosas, de lo contrario esto implica una violación hacia los derechos de las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar”, añadieron.

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