La exigencia del pago previo, una injusticia que nos perjudica

La regla del solve et repete significa que cualquier ciudadano debe previamente pagar para tener la posibilidad de que se discuta la legalidad de una determinación tributaria o previsional realizada por el fisco.

Dr. Luciano Federico Díaz.

El Dr. Christensen dice que “es la exigencia, que impone el Estado, del previo pago de la obligación para poder impugnar judicialmente una determinación previsional o impositiva, hecha en forma administrativa por el Fisco”.

Este principio, reconocido en el artículo 176 de la ley 11.683, establece que la apelación de las sentencias que condenan al pago de tributos o impuestos, se otorgarán al sólo efecto devolutivo, es decir, el juez revisará la cuestión planteada sin suspender la ejecución de la misma. Razón por la cual, impide al contribuyente el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso, una vez supeditada la posibilidad de recurrir el monto del tributo al previo pago del mismo.

El pago previo de los tributos como requisito para reclamar la improcedencia de la determinación efectuada por los organismos fiscales, reconoce su fuente en las normas legales que lo han establecido, pero carece de base constitucional ya que su aplicación priva a los administrados de su derecho a revisar los actos de la administración cuando se encuentran afectados ilegítimamente, con lo cual se ven privados de ejercer el previo control de legitimidad de dichos actos.

Por otra parte, el Pacto de San José de Costa Rica ha sido incorporado a nuestro derecho interno con jerarquía constitucional. En su artículo 8 consagra el derecho de defensa, y la garantía del debido proceso. Si el pago del tributo es exigido como condición previa para acceder a la jurisdicción, para aquellos contribuyentes que no poseen los medios suficientes, esa condición se traduce en forma discriminatoria, en una denegación de justicia, y viola la igualdad ante la ley.

Normativa vigente

El artículo 76 inc b) de la ley 11.683 otorga la posibilidad al contribuyente de recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación para revisar el acto administrativo que lo intima a abonar una deuda de impuestos, actualización, intereses y multas siempre y cuando cumplan con el requisito de superar un cierto monto que habilita la competencia del tribunal. Sin embargo, en este ejemplo, si bien no hay solve et repete en materia de tributos, el contribuyente que no paga, queda expuesto a la ejecución del acto controvertido por vía de apremio, independientemente de la sustanciación del recurso.

El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional como también Pactos Internacionales de Derechos Humanos establecen, entre sus objetivos, el de “afianzar la justicia”. A su vez el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones en la medida que aseguren la administración de justicia. Por otro lado el principio del debido proceso consagrado por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional refiere específicamente a la inviolabilidad de la defensa en juicio.

De todo ello se deduce como primera conclusión que el Estado se encuentra obligado a brindar una eficaz protección jurídica a todos los ciudadanos, quienes además, por mandato constitucional, gozan del derecho de reclamar el efectivo ejercicio de tal deber estatal.

En cuanto a la jurisprudencia, la Corte se refirió a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el cual le impuso una condición al desplazamiento del principio del solve et repete, en el caso que el monto cuantioso de la pretensión fiscal según la situación económica del contribuyente constituya un impedimiento para el real y efectivo ejercicio del derecho de defensa. Aquí vemos un gran avance a favor de los ciudadanos.

Desde el período posterior a la Reforma Constitucional de 1994, la cuestión suscitada pierde efecto. En esta etapa el apartamiento de la regla solve et repete hasta la actualidad nunca fue derogada bajo ningún aspecto, sólo con algunas excepciones que reducen el monto del pago previo. No obstante las mismas son cada vez más frecuentes, dirigidas a convalidar la vigencia de una norma injusta evitando el escándalo que significaría su aplicación a ultranza.

En la actualidad el “solve et repete” ha perdido vigencia en varias legislaciones nacionales porque toda disposición legal que condicione a un pago la recurrencia a un Tribunal Judicial Independiente, pierde su vigencia y se convierte en una norma jurídica inconstitucional, ya que restringe al contribuyente el derecho que tiene a la defensa, consagrada en muchas Constituciones del mundo.

El requisito del pago previo es desconocido en las principales legislaciones tributarias del mundo como Inglaterra, EEUU, Suiza, etc., y por ende se puede concluir que si estos Estados no necesitan de dicha herramienta para mantener la recaudación de tributos difícilmente podamos justificar la regla solve et repete como un principio o regla del derecho financiero o tributario como se pretende.

Esto nos lleva a considerar junto a este autor que la normal percepción de las rentas públicas dependen de otros factores económicos, administrativos, políticos y /o sociales extraños al fundamento de la regla y que no es del caso discutir en nuestra disciplina jurídica.

Resulta difícil imaginar una situación en la cual el pago anticipado del reparo efectuado no cause graves perjuicios al interesado, si consideramos el tiempo promedio que transcurre para dirimir una causa y la variación del índice de precios al consumidor, denominada comúnmente inflación, sin la posibilidad para el contribuyente de exigir algún tipo de indemnización por la pérdida sufrida en su capacidad adquisitiva.

En conclusión, pareciera entonces que el solve et repete es inconstitucional, por cuanto atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo 18 de la Constitucion Nacional; ignora la presunción de inocencia, consagrada en los artículos 33 y 18 de la misma. En contextos inflacionarios, atenta contra el derecho de propiedad y no confiscatoriedad de los impuestos, según artículo 17.

Este debe guardar razonable proporcionalidad con la finalidad perseguida, de modo de no ocasionar una innecesaria e irracional restricción al ejercicio de derechos constitucionales. Es de destacar la inclusión de derechos en materia fiscal que hace el Pacto de San José de Costa Rica, debiéndose evitar que se convierta en una mera declaración perdiendo poco a poco su fuerza vinculante para los estados signatarios del mismo, como lo es Argentina.

 

Compartir